El agente de la DEA se reclinó sobre su silla y sorbió un trago de café. Hizo una pausa bastante larga para medir sus palabras, que fueron directas. Una costumbre de los funcionarios norteamericanos. “El narcotráfico en Rosario, los crímenes, la banda Los Monos, (Esteban) Alvarado y todo lo demás no nos interesan. La prioridad en este momento es el fentanilo. Porque se está produciendo en Argentina y en la región donde vives”, advirtió con un tono monocorde el funcionario, que hacía poco tiempo había llegado a la Argentina desde Bogotá, donde estaba a cargo de la oficina de la agencia, la más grande de América Latina. Su historial lo transformaba en un hombre de peso. No era un simple burócrata, muchos de los cuales recaen en la Argentina debido al poco peso que tiene el país en materia de narcotráfico, sobre todo frente a otras zonas complicadas. El destino de este jefe de la agencia tenía que ver con el interés que Estados Unidos le había dado a la producción de fentanilo, una sustancia que inunda las universidades de varios estados norteamericanos y donde la epidemia provoca por año entre 60.000 y 100.000 fallecimientos por sobredosis. La llaman la muerte blanca.
En el momento que se produjo la charla en la embajada de Estados Unidos –hace casi dos años- el problema del fentanilo no asomaba como un tema de importancia en Argentina. Sí otros, como los 1500 kilos de cocaína que la Policía Federal había secuestrado en un sucio galpón de Empalme Graneros en agosto de 2022, un día antes de la llegada a Rosario del entonces embajador norteamericano, Marc Stanley. Lo que sucedió con el laboratorio HLB Pharma en Ramallo desde principios del año en curso le dio un contexto diferente a aquella conversación en la embajada norteamericana. El problema fue que esta trama trascendió a partir de las muertes de pacientes –más de 100 por ahora- a los que les suministraron en distintos hospitales y sanatorios los lotes contaminados -que se habían fabricado en HLB Pharma- con una bacteria que provocaba una neumonía severa.
Sandra Martínez, oriunda de Marcelino Escalada, un pequeño pueblo cerca de San Justo, llevó el 4 de abril pasado a regañadientes a su madre de 83 años, Norma Vázquez, para que le practicaran una microcirugía de vesícula en el Sanatorio Diagnóstico de Santa Fe. Para ella no era indispensable esa operación: pensaba que su madre estaba en perfecto estado de salud, a pesar de sus años. Ocho días después, Norma murió en la sala de terapia intensiva. Martínez contó a Iceberg que los médicos le perforaron el intestino a su mamá durante la operación. Por esa complicación la tuvieron que volver a intervenir quirúrgicamente. A ella le dijeron que la operación había salido bien y que se iba a reponer. La habían sedado e intubado, pero era momentáneo.
El 12 de abril pasado Sandra fue a visitar a su mamá, como todos los días, y se encontró con la espantosa noticia de que Norma había fallecido. Los médicos argumentaron que era por su avanzada edad. Meses después, la llamó el periodista santafesino Pablo Benito y le dijo que su nombre aparecía en el listado de familiares de víctimas del fentanilo. “Nadie me había dicho nada. Ni los médicos ni los directivos del sanatorio. Me enteré de casualidad que a mi madre le habían dado el fentanilo contaminado”, contó a Iceberg. A varias familias les pasó lo mismo que a Sandra.
Lo que aún es un misterio es cómo se gestó esta tragedia, que tiene su origen en un laboratorio que arrastra una historia oscura. ¿Fue un sabotaje para dejar expuesto a ese laboratorio que traficaba de manera ilegal fentanilo? Aún es prematuro para exponer una conclusión, porque la investigación en manos del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak no logró reconstruir toda la historia. Es una hipótesis que tiene cada vez más fuerza.
HLB Pharma tiene una precuela en Rosario, que también fue trágica: la explosión en 2016 del laboratorio Apolo, ubicado en el barrio La Tablada. El 24 de junio de ese año a las 4.25 de la madrugada los vecinos del barrio La Tablada se despertaron aturdidos. Sobresaltados por el estruendo. La onda expansiva hizo añicos los vidrios de las casas, a causa de la explosión de una caldera del laboratorio Apolo, ubicado en Alem al 2900. Allí, unos 120 operarios fabricaban suero fisiológico para proveer al Estado a nivel nacional y para las provincias. Dos meses antes de la explosión, la jueza Civil y Comercial Elvira Sauan había declarado la quiebra de esa empresa pedida por Ángel Gargicevich, según los documentos oficiales.
Los principales accionistas del laboratorio Apolo eran Ariel García Furfaro –actualmente detenido por la causa de fentanilo contaminado– y Jorge Salinas. Este último era conocido en Rosario con un sobrenombre bastante racista: “Leo Mattioli rubio”. Y se movía en una camioneta Hummer color amarilla. Hace 12 años había solo dos vehículos así: el otro lo tenía Mario Segovia, quien tenía vínculos con Salinas. “El socio de los García Furfaro y Salinas era Mario Segovia, ligado a la Mafia de los Medicamentos. Recordemos que Segovia empezó como mozo en el club Provincial de Rosario y en 10 años se convirtió en el Rey de la Efedrina”, advirtió el diputado Carlos Del Frade.
Salinas y García Furfaro fueron quienes se quedaron un año después de la explosión de Apolo con HLB Pharma Group. Es decir, los directivos de HLB Pharma Group eran los mismos de Apolo. Y fueron quienes integraron la comitiva a Rusia encabezada por la exsecretaria de Salud, Carla Vizzotti, para traer a la Argentina la vacuna Sputnik V durante la pandemia de Covid-19. ¿Qué rol tenía este laboratorio? Lo poco que trascendió de información oficial en ese momento era que HLB Pharma Group se encargaría de la venta de la vacuna en la Argentina.
Según el Boletín Oficial, HLB Pharma cambió de directores en abril de este año. Renunció al cargo de titular de la empresa Hugo Suárez Borello, quien fue detenido el 31 de mayo de 2019 en la localidad de Todd, provincia de Buenos Aires, acusado de estafa, luego de que avanzara una causa en el juzgado criminal Nº23 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo reemplazó en el directorio, según el registro oficial, Damián Roberto García, quien estuvo imputado por la explosión del laboratorio Apolo hasta mayo del año pasado, cuando el juez de Rosario Hernán Postma decidió avalar el pedido de la defensa y admitir el llamado “criterio de la oportunidad”, luego de que el fiscal Walter Jurado aceptó levantar la acusación contra cinco imputados por el delito de “estrago culposo agravado y lesiones graves culposas”. Al fiscal no le quedó otro remedio después de que los ocho damnificados por la explosión recibieron sumas millonarias a cambio de que se retiraran del juicio. La causa es más que extraña.
El fiscal Jurado determinó en la investigación que la caldera explotó "por negligencia e inobservancia de los reglamentos y deberes" de los responsables. Damián García, junto a García Furfaro y Marcela Vozza fueron sobreseídos. El gerente Marcelo Ferré y el encargado Jorge Gómez tuvieron que cumplir una probation en una fundación en la ciudad de San Nicolás: el Museo del Partido Justicialista.
Ese fue el llamativo punto final para la causa de la explosión de Apolo, que pudo ser una tragedia mucho mayor. Siempre llamó la atención que la detonación de la caldera se produjera a la madrugada, cuando no había operarios dentro del laboratorio. Detrás de la explosión hubo decenas de mitos circulando, que solo quedaron como parte de las leyendas oscuras porque nunca nadie en la justicia investigó: varias versiones apuntaban a que la explosión sirvió para ocultar algo mayor. En los peritajes se detectó que no se pudieron advertir las fallas en las calderas porque las alarmas estaban anuladas.
Cuatro años antes de la explosión de Apolo, los trabajadores de la empresa denunciaron que los sueros que se producían en Alem al 2900 “no cumplían los periodos de cuarentena indispensables antes de su comercialización”. Ahora, empleados de HLB Pharma denunciaron algo similar, que las condiciones en las que se producían los medicamentos eran un desastre. Jorge Salinas, socio de García Fufaro, estuvo al frente de Apolo desde 2012, cuando la empresa fundada por Antonio, Rafael y Francisco Iudica empezó a tener problemas económicos. Salinas era el dueño del laboratorio Rigecin, también especializado en la fabricación de sueros. A partir de la adquisición de Apolo, que era la principal competencia, este grupo se quedó con más de la mitad del mercado de provisión de sueros fisiológicos. El principal comprador, según admitió la diputada Graciela Ocaña, era el Pami en esa época.
Tanto el gobierno de Santa Fe como el municipio de Rosario se presentaron como querellantes en la causa que sigue en La Plata el juez federal Ernesto Kreplak, hermano de Nicolás, actual ministro de Salud bonaerense. También se presentó como querellante el Sanatorio Diagnóstico de Santa Fe, que pertenece al grupo de salud del empresario de Rafaela Carlos Tita, pero en el juzgado federal de La Plata que lleva la causa tardaron en aceptar el pedido porque requirieron para considerarlo más evidencia que los señale como damnificados.
En la justicia federal figura que Tita le vendió en 2020 la droguería Alfarma al grupo HLB, de García Furfaro. De acuerdo al Boletín Oficial de Santa Fe, quienes quedaron a cargo de la empresa a partir del 17 de marzo de 2020 fueron Ariel Fernando García Furfaro y su hermano Damián, los titulares de HLB Pharma. El capital social era en la fecha del traspaso, según el documento oficial, de 204.000 pesos. Hace un mes la Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia penal contra Alfarma por una presunta evasión agravada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que, entre 2021 y 2022, superaría los 112.000.000 de pesos. Según ARCA, la maniobra se sostendría en el uso de facturas apócrifas emitidas por proveedores identificados como contribuyentes “fantasma”, y en la utilización de créditos fiscales que, de acuerdo a la normativa vigente, resultan injustificados. Esta operación se habría complementado, además, con la omisión sistemática del prorrateo del IVA, mecanismo obligatorio para ciertas actividades, generando declaraciones juradas alejadas de la realidad fiscal.
Alfarma fue suspendida el 6 de junio pasado por disposición de la ANMAT e inhabilitada su licencia tras detectarse “deficiencias graves” durante una inspección de verificación de Buenas Prácticas de Distribución. Esta inspección se realizó junto a inspectores del Ministerio de Salud de Santa Fe, por orden del juzgado a cargo de Kreplak. Ocurrió algo llamativ: el apoderado de Alfarma, Oscar Ruffinengo, que es parte del grupo Tita, fue quien estuvo durante los allanamientos. "Cuando se tire del hilo, van a encontrar muchas conexiones", aseguró el intendente de Rosario, Pablo Javkin. Una frase que deja entrever que la trama del fentanilo contaminado recién empieza.
La madeja de relaciones políticas que tenía García Furfaro, titular de HLB Pharma y Alfarma, dejó al descubierto una ruta que lleva parte de esta historia hacia Paraguay, donde montaron un laboratorio en Ciudad del Este, la triple frontera. Según la investigación que está en manos del juez Kreplak, del laboratorio HLB Pharma desaparecieron entre 4,5 y 5 kilos de fentanilo. Serían 5 millones de dosis. En la empresa de García Furfaro señalaron que esa sustancia fue destruida. Pero hay dudas, sobre todo por los antecedentes del laboratorio y los personajes que aparecen ligados a esta firma. Por ahora, no aparecieron rastros de personas intoxicadas con esta droga, pero si esa cantidad entró en el circuito ilegal es una bomba de tiempo.
Empiezan a aparecer rastros de que esta potente droga circula por circuitos ilegales, por ahora muy marginales. Hace poco más de un mes la justicia federal de Posadas ordenó 14 allanamientos y detuvo a seis personas, acusadas de traficar fentanilo. El 14 de abril de 2023 se secuestraron 500 ampollas de esta droga en un control de rutina realizado por efectivos de Gendarmería Nacional desplegados sobre la Ruta Nacional N°12 en Misiones. Las dosis iban en una encomienda en un camión perteneciente a la empresa de transportes de pasajeros Crucero del Norte.
Uno de los detenidos fue Martín Alarcon. El nexo con HLB Pharma es algo recóndito, pero en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) lo analizan en profundidad. Este hombre era uno de los responsables del Laboratorio Alil SAS del barrio de Villa Urquiza, en Buenos Aires. Según la investigación, obtenía fentanilo que comercializaba de manera ilegal. El cruce con el presente está en que en las escuchas entre Alarcón y un tal "Fede", en 2023, aparecen evidencias del desvío de un lote de fentanilo inyectable de la empresa HLB Pharma. Según la web La Política Online, durante esas conversaciones “Fede” le ofreció a Alarcón cien dosis de Fentanilo HLB y acompañó imágenes de una de las ampollas con las de una caja que decía: "Lote 30366 VTO: JUL-23". Lo que despierta esta pista es que probablemente de HLB Pharma salían dosis de fentanilo para el mercado ilegal. Es lo que señaló el agente de la DEA hace dos años: que esta droga se fabricaba de manera legal, pero que se inyectaba en el mundo oscuro del narcotráfico.
