El juego de la corrupción: coimas baratas y complicidades profundas
En el juicio contra Serjal declaró Leonardo Peiti, zar de los casinos ilegales. Aseguró que “aportó” 200.000 dólares para la campaña de Perotti y que pagaba otros 5000 mensuales a fiscales
Leonardo Peiti es un hombre impredecible. De carácter inestable, cuando decide hablar las dudas previas se diluyen y las frases, muchas de ellas comprometedoras, salen como cataratas de su boca. Habla sobre la base de un guión general que le armaron sus abogados cuando decidió arrepentirse para evitar ir a la cárcel. En privado se queja de que los letrados que ejercieron su defensa le “sacaron” más dinero que Los Monos y el triple que lo que dice que aportó para la campaña de 2019 del peronismo santafesino. Las urgencias penales tienen esos bemoles. Lo que sí está claro es que Peiti repartió dinero a la justicia, al peronismo y también, mucho antes, a la policía. Es un engranaje de esa maquinaria oscura, invisible hasta ahora, pero real.
“Creo que sí”, respondió el martes 23 de septiembre a la tarde, ante la pregunta de si iba a declarar en el juicio que se está llevando a cabo contra el exfiscal regional Patricio Serjal, acusado de formar una asociación ilícita en la que el jefe sería –según la imputación- el senador Armando Traferri, quien terminó hace poco más de una semana su trabajo en la elaboración de la nueva Constitución santafesina. Serjal está acusado de cobrar sobornos por unos 5.000 dólares, junto con su excolaborador y exfiscal Gustavo Ponce Asahad, que también declaró como arrepentido en su momento y la semana pasada ratificó parte de sus dichos en el juicio.

El miércoles 24 de septiembre, a las 8 de la mañana, Peiti se presentó en el Centro de Justicia Penal. No dijo nada nuevo, pero en el marco de un juicio sus dichos toman otra relevancia. En agosto de 2024, Peiti decidió dar una entrevista en un bar de Fisherton, pero se arrepintió luego de que su abogado le recriminara ese acto impulsivo de hablar con dos periodistas. Pidió que se publicara la entrevista después de que se presentara a declarar en el juicio que recién se lleva adelante ahora. El audio de esa charla quedó en el archivo. También se arrepintió de dar un reportaje en un programa de streaming que hacíamos con Hernán Lascano. En medio de la nota se levantó y se fue. Esta vez, en el juicio contra Serjal, Peiti decidió declarar.
Hasta ahora, en el proceso contra el exfiscal regional, Ponce Asahad fue quien más lo complicó. Admitió que cobraban para que Peiti tuviera una cobertura judicial. No tenía que mancharse su prontuario, porque –en teoría- pretendía quedarse con el juego online legal, una misión que tenía como a uno de sus lobistas a Pipi Traferri, según la investigación. Ponce Asahad reveló que en una oportunidad Serjal guardó “los fajos de plata en las medias” y que ante un presunto pedido de “aumento” del cohecho al capo de las apuestas ilegales, el legislador de San Lorenzo lo llamó y se quejó: “Este pibe está loco, cómo va a pedir cien mil dólares, ni yo los pido”. Peiti declaró que ese dinero se lo daba a Ponce Asahad todos los meses. “No sé si lo repartía con Serjal”, apuntó en el juicio.
“A Serjal me lo presenta Traferri, que había influido para que él fuera nombrado fiscal regional. Después que ya hicimos el contacto me dijeron que me manejara directo con Ponce Asahad, de quien tenía dos números de teléfono, uno oficial y uno paralelo”, afirmó en el juicio. Dijo que a Serjal lo vio “dos veces”, pero con Ponce Asahad mantenía encuentros “cada quince días”. “Le daba una ayuda mensual, como hacía con (Ricardo) Paulichenco (exsecretario legislativo del Senado). Era para tener tranquilidad, para estar alineado con la gente que me podía cuidar de allanamientos o de acusaciones”, advirtió.
El testimonio de Peiti es importante. Por eso el miércoles todos estaban atentos en la sala de audiencias, a pesar de que la fiscalía no había pedido que testimoniara en el juicio durante las reuniones previas. La defensa de Serjal, en manos de Ignacio Carbone y Renzo Biga, alertó que si no iba a ser convocado se caía la imputación contra su cliente. Por eso, el zar del juego clandestino figuró como el testigo número 62, el último. Ya había declarado como arrepentido en septiembre de 2021 y recibió una condena a tres años, para luego quedar un año internado en una clínica psiquiátrica. Zafó de ir a la cárcel, a diferencia de Serjal, que estuvo detenido en la Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario (Order) durante un año y medio. Lo que fastidia aún hoy a Peiti es que quienes lo extorsionaron recibieron una pena más baja que él, como Rodrigo Ortigala, que fue detenido el lunes 22 de spetiembre por una serie de extorsiones contra concesionarias de autos. Esa investigación la habían realizado los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes en su momento le habían pedido a su colega Federicio Rébola –según admitieron- que detenga a Ortigala. El trámite tardó más de tres años y es un hecho que –según las fuentes- expone que Edery no protegía a los Ortigala, que en ese momento eran informantes de una causa narco que tenía a Esteban Alvarado como principal acusado.
Según Peiti, Rodrigo y Mariana Ortigala eran quienes le pasaron información suya a Los Monos para que comenzaran a extorsionarlo. Le balearon en 2019 el edificio de departamentos que tiene en calle Servando Bayo. Ahí, según el zar del juego, se había mudado Rodrigo Ortigala, que en ese momento comenzó a “trabajar” para Los Monos, después de que el capo narco Esteban Alvarado ordenara matarlo a él y a su hermana, luego de que el primero rompiera los códigos de lealtad elementales.
Los Monos comenzaron a pedirle a Peiti 500.000 dólares y un “abono” de 20.000 por mes. La negociación fue con Maximiliano “Cachete” Díaz –referente en ese momento del clan criminal- en un bar, donde logró acordar un pago de 15.000 dólares y cederles unas “maquinitas” para que instalaran salas de juego clandestino. En el juicio, Peiti declaró que “cuando empezaron las extorsiones de Los Monos, yo hablé con todos, con fiscales, con jefes policiales. Hablé con (José Luis) Amaya (jefe de Policía), con (Marcelo) ‘Flecha’ Albornoz (actual subsecretario de Investigación Criminal), que era de la PDI, con Ponce Asahad, con Serjal, con Traferri”.
El pago, según contó Peiti, se concretó en el shopping El Bosque y quien recibió el dinero fue Ortigala. El “empresario” le contó a Cachete que tenía influencias en la Fiscalía de Rosario. “Lo hice para mostrarles que tenía poder”, dijo en una charla con LA NACION. Su relación más estrecha era, según reveló, con Nelson Ugolini, quien está siendo juzgado con Serjal. También lo había conocido en un bar, a partir de otro allegado.
Díaz le pidió que averiguara sobre unos muchachos que habían sido detenidos cerca del casino. Los “chicos” planeaban incendiar un auto en el estacionamiento de City Center pero no lo pudieron consumar. Por eso, el 11 de enero de 2020, Díaz decidió disparar contra el casino, donde terminó muerto Enrique Encino, un exgerente del Banco Nación de Las Parejas, que –de acuerdo a Peiti- era prestamista.
La investigación sobre este homicidio terminó por detectar que el capitalista de juego clandestino contaba con una “protección” dentro de la Fiscalía, que era dirigida por Serjal. Peiti confesó que “el que le dio el teléfono de Chachete Díaz a los investigadores fue Mariana Ortigala”. En el juicio se reveló otra cosa, a partir del testimonio de un agente de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE): que ese smartphone fue entregado por un vecino de Cachete, horas después de su detención. El aparato estaba partido por la mitad.
Ahí se abrió otro capítulo. Porque los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno plantearon en setiembre de 2023 en una audiencia que su colega Edery, quien investigó la causa de juego clandestino junto con Schiappa Pietra, protegía a Ortigala siendo una integrante de Los Monos.
Socca y Moreno mostraron en esa audiencia capturas de pantalla de chats entre Edery y Ortigala, acusada de extorsionar a la agencia de quiniela El Califa, cuyo dueño era amigo de Peiti. Edery fue suspendido por seis meses y, junto con Schiappa Pietra, fue corrido de esta investigación de juego clandestino, en la que por primera vez aparecía la sombra de la política vinculada a actividades delictivas y criminales. Algo que en Santa Fe prácticamente no existe, porque ningún fiscal se anima a escarbar.
Edery está siendo investigado por los fiscales santafesinos María Laura Urquiza y Bárbara Ilera, por supuestamente proteger Ortigala. La causa nunca avanzó. Este fiscal ya fue investigado por ese tema, y la causa fue archivada por el fiscal Gonzalo Fernández Bussy. Esto dejó al descubierto las internas en el Ministerio Público de la Acusacón (MPA), que no son nuevas. Y otras debilidades: uno de los jueces que integra el tribunal que debe decidir la suerte de Serjal es Nicolás Foppiani, integrante de la nómina de aspirantes a camaristas que debe aprobar la Legislatura, donde Traferri tiene un peso determinante.
En el juicio, los abogados del exfiscal regional plantearon que su cliente fue condenado antes de que comenzara el juicio. “La condena fue mediática”, afirmaron. El exfiscal estuvo preso casi un año y medio, en plena pandemia, en el Order, y logró salir de la prisión después de que se detectara un fuerte deterioro en su salud, debido a una depresión. Llegó a pesar 52 kilos.
Serjal siempre rechazó la posibilidad de sellar un juicio abreviado y admitir su culpabilidad, porque se consideró inocente, según explicaron desde su entorno. También señalaron que enfrentó fuertes presiones para sellar un acuerdo judicial. Se mudó a San Pedro, provincia de Buenos Aires, donde puede ejercer la abogacía, y prefirió que el caso llegara a juicio y que su defensa exponga las pruebas que, de acuerdo a su visión, determinan que no tuvo nada que ver con el cobro de los sobornos. La fiscalía pidió 12 años de prisión para Serjal y cinco contra Ugolini. Y dice lo contrario: que la relevancia de la prueba es muy potente.
El fiscal José María Caterina, que interviene en este juicio como acusador junto con Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato, señaló que van a intentar demostrar “cómo se brindó una cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino que también tenía nervaduras políticas por parte de civiles, empresarios y demás personas que, lamentablemente, no todas han podido llegar a este juicio ahora”.
La defensa del exfiscal regional planteó sin éxito que no contó con pruebas claves para el juicio: que se negaron a suministrarle en el MPA la pericia del teléfono Xiaomi que pertenecía a Mariana Ortigala y que tampoco lograron acceder a la información que tiene el smartphone de Edery. “Lo preocupante para esta defensa es que, a la fecha, no hemos podido obtener la evidencia en cuestión”, plantearon Carbone y Biga en una serie de escritos.
Desde un principio Traferri argumentó que la causa, en la que el capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti declaró que pagó 200.000 dólares para apoyar al peronismo en la campaña electoral, fue armada por Marcelo Saín, exministro de Seguridad de la provincia y que además estuvo a cargo del Organismo de Investigaciones del MPA. Dijo además que Schiappa Pietra y Edery eran una especie de brazo judicial de Saín. Hasta ahora todas las evidencias resultaron determinantes y claves para describir un sistema de protección política. Peiti declaró que “a Ponce yo le llevaba en efectivo unos 4 o 5 mil dólares por mes. Nos habremos visto durante un año. A veces también le llevaba bebidas al club árabe, ese de calle Dorrego, porque mi mujer había puesto una distribuidora”. “Cuando yo quedo detenido hablo con Ponce. Me dijo que iba a hablar con la jueza para que (el fiscal Matías) Merlo no me siga la causa, pero se puso todo peor. Es que antes de todo esto, vos lo escuchabas a hablar y Ponce Asahad era un capo, pero lo que me vendía era una cobertura de humo”, apuntó.