En Rosario la corrupción no necesita conspiraciones sofisticadas. Necesita restaurantes, almuerzos de los viernes, cajas de vino baratas y círculos sociales pequeños donde todos se conocen. El sistema funciona porque las relaciones se tejen en lugares de confianza. Un bar de Fisherton, una parrilla en Mendoza y Moreno, el sum de una casa en calle Santiago donde un financista colgó en la pared una foto de Don Corleone y recibía a un juez federal que venía a hablar de negocios. Lo que une a un fiscal regional condenado a nueve años de prisión, a un senador provincial imputado como jefe de una asociación ilícita, a un capitalista de juego clandestino que repartió dólares a medio mundo y a un juez federal que cobraba extorsiones con fajos de cien dólares guardados en cajas de cartón es, antes que nada, la proximidad. La cercanía social que hace posible que en una ciudad mediana todo se resuelva con una llamada, un almuerzo, un sobre en la puerta de un Mercedes Benz.
Ahora esa trama está bajo revisión. No porque alguien se haya arrepentido de verdad —los arrepentimientos en esta historia son siempre tácticos, negociados en despachos de abogados—, sino porque la defensa del exfiscal regional Patricio Serjal encontró una grieta en el edificio judicial que lo condenó. La grieta tiene un nombre: Armando Traferri.
El lunes 20 de abril, en la Cámara Penal de Rosario, los jueces Javier Beltramone, Ismael Manfrin y Carolina Hernández empezaron a escuchar los argumentos de la defensa de Serjal para que se revise la sentencia que lo mandó preso en noviembre de 2025. Serjal lleva seis meses detenido. Fue condenado por cobrar sobornos del empresario del juego clandestino Leonardo Peiti, un hombre de carácter inestable al que, cuando decide hablar, las frases comprometedoras le salen como cataratas. Un tipo que en privado se queja de que los abogados que lo defendieron le sacaron más plata que los propios narcos que lo extorsionaban.
Lo extraño de la audiencia del lunes es que Traferri no tenía nada que ver. No estaba sentado en el banquillo. No estaba imputado en ese tramo procesal. Pero su nombre ocupó casi la totalidad de las dos horas de exposición del abogado Ignacio Carbone, que ejerce la defensa de Serjal y que es, además, el mismo abogado del senador. Carbone planteó algo que suena provocador pero que tiene peso jurídico: que Traferri ya fue condenado. Que fue condenado en un juicio en el que no estuvo, en el que no tuvo derecho a defensa, en el que nadie le permitió contrainterrogar testigos ni impugnar pruebas. Que eso hace que la sentencia contra Serjal sea inconstitucional. E inválida.
Si la defensa logra voltear esa condena el efecto dominó favorecerá de manera determinante a Traferri, que está imputado como organizador de la misma asociación ilícita. Si no la voltea, Traferri llega a su propio juicio con un fallo previo que ya lo describe como el jefe de todo, dictado en un proceso donde no pudo abrir la boca. En cualquiera de los dos escenarios, la defensa tiene algo.
Para entender la anomalía hay que retroceder. Y para retroceder hay que hablar de cómo funciona la corrupción en Santa Fe, que no es muy diferente de cómo funciona en cualquier lugar donde los vínculos sociales sostienen los negocios ilegales.
Leonardo Peiti era el engranaje central. Un hombre que repartió dinero a la justicia, al peronismo –circunstancialmente porque estaba en el poder– y, mucho antes, a la policía. Declaró en el juicio contra Serjal que el senador Traferri fue quien se lo presentó al exfiscal regional. Que Traferri había influido –entre otros- para que Serjal fuera nombrado en el cargo. Que una vez hecho el contacto le dijeron que se manejara directo con Gustavo Ponce Asahad, el fiscal adjunto que trabajaba con Serjal, de quien tenía dos números de teléfono: uno oficial y uno paralelo. Peiti pagaba cinco mil dólares por mes por una cobertura judicial que consistía en algo elemental: que no lo investigaran. Ponce Asahad reveló que en una oportunidad Serjal guardó los fajos de plata en las medias. Y que ante un presunto pedido de aumento del cobro, Traferri llamó y se quejó: “Este pibe está loco, cómo va a pedir cien mil dólares, ni yo los pido”.
Pero Peiti no solo alimentaba la pata judicial. También financiaba la política. Dijo en el juicio que aportó 200.000 dólares para la campaña de Omar Perotti en 2019. Que el dinero circulaba a través de Ricardo Paulichenco, el exsecretario legislativo del Senado que funcionaba como operador de Traferri. Que todo era para tener tranquilidad. Para estar alineado con la gente que lo podía cuidar de allanamientos o de acusaciones.
La sentencia de noviembre de 2025 reconstruyó esa arquitectura. Los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese describieron la organización en dos ramas interconectadas: la recaudación política, encabezada por Traferri y Paulichenco, y la cobertura judicial, articulada por Serjal, Ponce Asahad y el empleado judicial Nelson Ugolini. El núcleo financiero común era Peiti. El fallo mencionó a Traferri 129 veces en más de 200 páginas. Le atribuyó el rol de jefe de la asociación ilícita. Describió su interacción con los condenados. Valoró prueba de cargo en su contra. Solo tuvieron el cuidado —o el prurito, como dijo el propio Traferri en su presentación posterior— de no incluirlo en la parte resolutiva.
Esa arquitectura de la corrupción no era exclusiva del juego clandestino. En Rosario operaba al mismo tiempo una red similar en la justicia federal, con el mismo método: vínculos sociales, restaurantes, cajas de vino y la cercanía de una ciudad donde los círculos son chicos. El financista Fernando Whpei, arrepentido en la causa contra el exjuez federal Marcelo Bailaque, contó cómo le entregó 40.000 dólares en una caja de vino de cartón, de las baratas, en el restaurante Pampa, donde almorzaban el último día hábil de cada semana. Dejó la caja en una silla. Nadie iba a tocar nada. Era un lugar de confianza.
Mientras comían una carne a la parrilla, Bailaque le dijo que ese mismo día había ordenado allanar la oficina, la casa y la residencia de la madre de Claudio Iglesias, el financista al que le habían sacado la plata. Whpei preguntó si no era una contradicción. Bailaque le explicó que era parte del circo. Que no iba a cambiar nada de lo acordado. En realidad, las medidas eran para meter presión, para que siguiera pagando. Sin disparos ni carteles amenazantes, la maniobra se parecía a la que usaban Los Monos: primero el daño, después el cobro por la protección. Una lógica mafiosa clásica, la misma que aplicaba Don Corleone, a quien Whpei le tenía devoción suficiente como para colgarle un retrato en su casa.
Lo que conecta las dos tramas —la del juego clandestino y la de la justicia federal— no es sólo la coincidencia temporal ni la superposición de algunos nombres. Es el método. La corrupción en Rosario funciona como un ecosistema social. Los expedientes se transforman en moneda de cambio. Las causas judiciales se abren para extorsionar y se cierran cuando se cobra. La llegada de Serjal a la jefatura de la Fiscalía Regional sirvió, entre otras cosas, para neutralizar causas que afectaban a personas conectadas con esta red. Todo se sostiene sobre la base de la confianza interpersonal: un almuerzo, una conversación, un sobre entregado cuando el auto no encuentra lugar para estacionar.
El 18 de diciembre de 2020 los fiscales Schiappa Pietra y Edery fueron al Senado con la evidencia acumulada contra Traferri. Hicieron una exposición de tres horas. Mostraron escuchas, registros telefónicos, geolocalizaciones, registros fílmicos. De los 13 votos necesarios para el desafuero, consiguieron cuatro. Doce senadores votaron en contra. Tres se abstuvieron, entre ellos el propio Traferri. La corporación política funcionó como había funcionado siempre: protegiéndose a sí misma. Lo que estaba en juego no era solo la suerte de un senador, sino el principio de que ninguna investigación por corrupción en Santa Fe debía avanzar lo suficiente como para sentar un precedente peligroso.
Traferri quedó blindado hasta octubre de 2023, cuando pidió su propio desafuero en un movimiento que buscaba despegarse de la denuncia contra el fiscal Edery. En el medio, los fiscales originales del caso habían sido apartados. Edery fue suspendido tras ser acusado por colegas de proteger a Mariana Ortigala, señalada como informante en la causa narco contra Esteban Alvarado. Schiappa Pietra fue corrido junto con él. La investigación que por primera vez ponía a la política santafesina contra las cuerdas quedó en manos de otros fiscales: José Luis Caterina y Marisol Fabbro, que la llevaron a juicio.
La condena de noviembre de 2025 reivindicó el trabajo de Edery y Schiappa Pietra. El tribunal descartó la hipótesis de que hubieran direccionado la causa. Rechazó la idea de que existiera un complot entre los fiscales y los Ortigala para fabricar pruebas contra Serjal y, por extensión, contra Traferri. Pero la defensa nunca abandonó esa línea. Y ahora le suma otra: la cuestión constitucional.
Días antes de la audiencia de revisión, Traferri presentó ante el Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia una acción declarativa de inconstitucionalidad. El escrito, patrocinado por los abogados Oscar Eduardo Romera y Juan Ignacio Murray, se apoya en un dictamen del profesor Adolfo Alvarado Velloso: el juzgamiento no debió fraccionarse. Todos los implicados debieron haber sido juzgados en el mismo proceso. El error ya cometido, advierte el académico, puede generar la coexistencia de sentencias contradictorias.
La Fiscalía explica por qué se separaron los juicios. Caterina dijo que el proceso contra Serjal ya tenía inicio de juicio en expectativa desde julio de 2023 y que, tras imputar a Traferri en octubre de 2024, decidieron no demorar más la situación de los que ya estaban listos. La lógica es razonable. Pero el resultado es que se juzgó a los subordinados de una organización, describiéndose en detalle quién era el jefe sin que el jefe pudiera participar del proceso.
Serjal siempre rechazó la posibilidad de sellar un juicio abreviado. Se consideró inocente. Estuvo preso un año y medio en el Order de Rosario, en plena pandemia. Llegó a pesar 52 kilos. Después de que se detectara un fuerte deterioro en su salud se le permitió cumplir prisión domiciliaria. Se mudó a San Pedro, provincia de Buenos Aires, donde podía ejercer la abogacía. Prefirió que el caso llegara a juicio oral. Fue condenado igual.
La audiencia de revisión continuará la próxima semana. Lo que se resuelva definirá no solo la suerte de un exfiscal preso y de un senador que espera su propio juicio desde hace más de cinco años, sino algo más profundo: si el sistema judicial de Santa Fe puede procesar un caso de corrupción estructural sin que la propia estructura del proceso se convierta en el argumento para desarmarlo. La máquina que protegió a Traferri durante años —el blindaje corporativo del Senado, el apartamiento de los fiscales, la demora sistemática— es la misma máquina que ahora le ofrece, paradójicamente, su mejor defensa. No por lo que hizo, sino por cómo lo juzgaron.