Cuando Marcelo Bailaque se sentó en el bar del Lago del parque Independencia, el 10 de junio de 2024, sospechaba que su futuro estaba resquebrajado. Le costaba entender que fuera por una torpeza banal, hasta estúpida. Una hora antes lo había llamado por teléfono para hacerle una pregunta: “¿Su contador personal Gabriel Mizzau es el mismo del jefe narco Esteban Alvarado?”. Bailaque quedó por unos segundos en silencio y respondió: “No voy a hacer comentarios”. No me interesaba que dijera nada. Tenía confirmado que ese hombre, que era su amigo personal, había estampado su firma en los balances de las empresas que Rosa Capuano, entonces pareja de Alvarado, había conformado para blanquear la fortuna que habían acumulado con el tráfico de drogas. Le dije a Bailaque que esa información iba a salir publicada al día siguiente.
Quince minutos después me envió un mensaje: “En media hora en el bar del Laguito”. Ese era el lugar de encuentro para hablar conmigo. Un sitio poco común, pero cuando llegó el entonces magistrado vestido con ropa para hacer gimnasia y zapatillas sospeché que ese bar quedaba de paso en su caminata de la tarde. Bailaque mintió. Dijo que no sabía que su contador y amigo personal Gabriel Mizzau también le llevaba las cuentas a Alvarado, a quien él –según la acusación- le había dado un tiempo considerable (unos seis años) para acumular más dinero y matar a sus enemigos. “Me enteré por vos de esto. Qué hijo de puta”, advirtió el entonces magistrado, que miraba hacia el laguito lleno de algas para buscar algún argumento mínimamente creíble. Quería mostrarse molesto, enojado, pero en cambio daba una sensación de frialdad e indiferencia. Pensaba que yo era un estúpido. En su cabeza todavía estaba intacta esa pretensión que había perdurado más de una década y media, la de pensar que la inmunidad que le otorgaba la impunidad era permanente. Esa tarde subestimó su propio destino. No imaginó que el “estúpido”, como llamaba a su amigo contador, dos años después iba a plegarse a la figura del arrepentido. Tampoco que la revelación de esta historia por un periodista lo podría llevar a la cárcel.
Antes de firmar ser imputado colaborador, Mizzau se entrevistó tres veces en Buenos Aires con un grupo de fiscales. Al principio, el contador parecía no entender cuál había sido su juego. Pero ante las preguntas cada vez más picantes empezó a contar cuestiones que le interesaban a los acusadores. Mizzau no sólo era el contador de Bailaque y Alvarado, sino también de toda la familia del exmagistrado. Reveló que entre 2014 y 2015 ayudó a Bailaque a “emprolijar” su declaración jurada porque con sus ingresos en blanco no podía justificar la compra de dos propiedades. También sugirió que Bailaque le pasaba información de la causa de Alvarado, que se tramitaba en su juzgado.
Para el juicio que enfrentará Bailaque, que Mizzau se haya plegado a la figura del arrepentido deja menos margen de maniobra para la defensa del exjuez, que está en prisión domiciliaria por ahora. Esa condición puede cambiar si es condenado. Los fiscales pidieron 10 años de cárcel por el caso de los sobornos y le podrían caber otros dos años por esta causa. Es difícil que Bailaque pueda esquivar pasar un tiempo en un penal, por lo que la estrategia de su defensa es tratar de postergar el juicio.
Mizzau tenía contacto con Rosa Capuano, la entonces pareja de Alvarado, que era la que estaba encargada de llevar adelante el blanqueo del dinero del narco, a través de la creación de empresas de transporte, como Santino, Sagrado Corazón de María y Toia. Esa tarea la realizaba el contador y su firma figura en los balances, según comprobó Iceberg cuando publicó, el 11 de junio de 2024, que Mizzau tenía como clientes al juez y al jefe narco.
“Mizzau aportó información de carácter patrimonial que nos permite avanzar en casos conexos. Reconoció los hechos y la calificación jurídica”, aseguró Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), en la audiencia de esta semana.
Mizzau estaba acusado de lavado de activos por haber prestado asesoramiento contable al entramado societario que montó Alvarado desde 2014 en adelante. Las empresas Logística Santino, Sagrado Corazón de María, Toia y Edra funcionaban como pantallas del narco. Con esas empresas legales el jefe criminal pretendía blanquear su economía. Acumuló una fortuna a partir de que Bailaque, en la justicia federal, no lo investigaba. La primera condena contra Alvarado fue en el fuero provincial, luego de que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery reseñaran toda la red de violencia y de distribución de droga que tenía montada Alvarado desde hacía más de una década.
Mizzau firmó los balances, gestionó habilitaciones municipales y nunca hizo reportes de operaciones sospechosas. Todo eso, mientras le llevaba al mismo tiempo las cuentas al juez que tenía en sus manos la causa contra Alvarado. En la nota publicada por Iceberg, Bailaque reconoció que Mizzau era su contador, pero que desconocía que asesorara a la par al narcotraficante.
A partir de esa publicación, la situación de Bailaque comenzó a desmoronarse. El Consejo de la Magistratura, que ya había abierto un sumario disciplinario en abril de 2024, aceleró la investigación. En paralelo, los fiscales federales avanzaron con las imputaciones. En noviembre de ese año se formalizó la investigación penal. El 30 de abril de 2025 el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz le dictó la prisión preventiva por 90 días, con la salvedad de que no podía hacerse efectiva mientras conservara los fueros. Bailaque fue acusado de prevaricato, abuso de autoridad, allanamiento ilegal, falsedad ideológica de documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos.
Acorralado, el exmagistrado presentó su renuncia en junio de 2025. El gobierno de Javier Milei la aceptó el 30 de ese mes. A partir del 1° de julio, Bailaque quedó detenido en su domicilio.
Mizzau no es el primero en quebrarse. Antes lo hizo Carlos Vaudagna, extitular de ARCA en Rosario, que en marzo de 2025 se presentó como arrepentido y admitió que en una cena en el quincho de Bailaque se había planificado el armado de una causa falsa contra el empresario Claudio Iglesias. El objetivo era extorsionarlo: Iglesias terminó pagando 140.000 de los 200.000 dólares que le exigían, en reuniones con el financista Fernando Whpei en las oficinas del Museo de la Democracia, en pleno centro de Rosario.
También Whpei, titular del Grupo Unión y otro de los amigos del exjuez, se plegó a la figura de colaborador. Sus revelaciones comprometen a Bailaque en el manejo irregular de los fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín, donde el magistrado permitió el giro de más de mil millones de pesos hacia una mutual controlada por Whpei, en lugar de una entidad regulada por el Banco Central.
Con tres arrepentidos que declaran en su contra —Vaudagna, Whpei y ahora Mizzau—, el cerco sobre Bailaque se cierra. Los fiscales federales Diego Velasco, Juan Argibay Molina y Federico Reynares Solari presentaron en febrero de 2026 tres acusaciones formales y solicitaron una pena de 10 años de prisión, cinco de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, cinco de inhabilitación absoluta y multas. En el escrito, que supera las 200 páginas, los representantes del Ministerio Público Fiscal calificaron las conductas atribuidas a Bailaque como “un supuesto paradigmático de corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”.
El capítulo más grave de la acusación contra Bailaque se vincula con su actuación en la causa contra Alvarado. En 2013, la Policía de Seguridad Aeroportuaria presentó informes que señalaban al narco y a su socio Luis Medina, que fue asesinado en diciembre de ese año. El entonces fiscal Marcelo Di Giovanni pidió intervenciones telefónicas. Bailaque las rechazó o las demoró hasta once meses. Esa pasividad fue clave para que Alvarado consolidara su poder criminal. En esos nueve años en que la Justicia federal no avanzó contra él, Alvarado acumuló una fortuna, controló el negocio del narcotráfico en Rosario y dejó un tendal de asesinatos.
Recién en 2019, cuando Alvarado ya había sido detenido por fiscales del fuero provincial y su carrera criminal estaba en ruinas, Bailaque lo procesó. Fue condenado a prisión perpetua por la justicia provincial y a 15 años por el fuero federal.
La decisión de Mizzau de colaborar con la Justicia aporta, según indicaron los fiscales, información patrimonial que permite avanzar en causas conexas. El hombre que durante años operó en la zona gris donde convergían la justicia y el narcotráfico ahora habla. Lo que diga tiene el potencial de revelar ramificaciones que exceden la figura de Bailaque e iluminan un sistema de funcionamiento que contaminó durante años a la justicia federal de Rosario.
El juicio oral, que los fiscales esperaban que comenzara en el primer semestre de 2026, es ahora inminente. Bailaque sigue detenido en su domicilio. La causa que empezó con la revelación de un vínculo contable entre un juez y un narco terminó exponiendo una trama de corrupción judicial sin precedentes en la historia de Rosario.