La montaña de dinero es tan grande que cuesta dimensionarla. Se calcula que el juego mueve en la Argentina actualmente unos 6.500 millones de dólares. El ilegal representa el 80 por ciento. Es decir, unos 5.200 millones de dólares deambulan por ese terreno, que en su mayoría es virtual. Es uno de los negocios más redituables y oscuros que, por su arquitectura, es muy complejo para que el Estado lo persiga. Una fuente del sector señaló a Iceberg que para tener un casino virtual hace falta una inversión de 10.000 dólares. Con ese monto contás con el servidor y unos 300 dominios. ¿Para qué tantos? Es que si alguno de los organismos de control detecta y da de baja uno, aparece inmediatamente otro. Los servidores están alojados en lugares también oscuros, como Curazao, una hermosa isla ubicada en el sur del mar Caribe que es un país autónomo del Reino de los Países Bajos, ubicado a 60 kilómetros de la costa de Venezuela.
El problema de este negocio no sólo es la adicción que provoca en los jóvenes con apuestas de todo tipo, que se pueden activar desde el celular, sino que se transformó en plataforma de lavado de dinero del crimen organizado. El juego virtual ilegal y las billeteras virtuales facilitaron las cosas para las bandas narco. Ya no tienen que mandar a un valijero con bolsos cargados de pesos a cambiar dólares en una cueva, sino que el blanqueo se hace con créditos de casinos virtuales que terminan en una billetera virtual. Hoy el Estado está muy lejos de encontrar el hilo para investigar un tema que en otros países, como México y Brasil, ya explotó.
Uno de los problemas para el Estado es la materialidad del dinero, que ya no es real, o al menos en la forma en que se lo conoció por siglos. La plata no está en el bolsillo o en una billetera, sino en un teléfono. Ese cambio drástico que se dio con la expansión de la economía virtual también afectó a sectores que se mueven por la oscuridad. El dinero dejó de ser físico. Ahora es un crédito en un casino online, una transferencia a un alias de billetera virtual, un dominio que se da de baja el lunes y reaparece el martes con otra terminación. Y la justicia argentina lo persigue de a pedazos, sin ver el conjunto.
El expediente que la fiscal de Rosario Georgina Pairola acordó con Ornella Dipietri, la expareja de Lisandro “Limón” Contreras, describe con precisión una máquina que ya funciona a escala continental. La banda de Los Menores —balaceras, homicidios, control territorial de búnkeres— incorporó los casinos virtuales como línea de financiamiento orgánica. No como negocio lateral. Como caja.
El primer escalón es una restricción técnica que parece un defecto y es el rasgo esencial: las plataformas que usaba la red —Casino Zeus, Bet32, Jugalodos, Pulpo— no permiten que un apostador se registre solo. Fernando Cappelletti, alias “Colo”, hoy prófugo con captura internacional, era el único que podía crear usuarios y cargar créditos. Un casino legal quiere clientes. Uno diseñado para lavar quiere intermediarios. La imposibilidad de registro autónomo obliga a que exista una cadena humana de cajeros, y esa cadena es el mecanismo.
El segundo escalón es la venta piramidal de fichas. Cappelletti ofrecía “al 15%”, decía tener “fichas ilimitadas” a cambio de una franquicia mensual, proponía armar cajeros nuevos. “Podés llegar a vender cuatro veces más”, prometía en los chats peritados. Dipietri le compraba y les revendía a cajeras como Jezabel D., quedándose con un margen. El dinero sube por la cadena mientras la trazabilidad baja.
El tercero es la billetera virtual y es el corazón del asunto. Dipietri pagaba mediante transferencias a un alias de Mercado Pago. Este instrumento cumple tres funciones a la vez. Fracciona: mil transferencias de 50.000 pesos en lugar de una de 50 millones, el pitufeo sin cola de banco ni cámara de seguridad. Despersonaliza: el alias no exhibe titular en la transacción, y los cajeros operan con cuentas de familiares, de empleados o de personas que vendieron su identidad, y las rotan. Y opera fuera del perímetro bancario: los proveedores de servicios de pago tienen obligación de reportar operaciones sospechosas, pero miles de movimientos de bajo monto individual no disparan ninguna alerta.
El cuarto escalón es la supervivencia. Zeus operaba con dominio .io en Rosario y .club en Buenos Aires. La misma marca, distinta terminación. Los bloqueos judiciales caen sobre dominios, no sobre operadores: cambiar tres letras después del punto alcanza para volver a estar en línea al día siguiente. En 2024 la Caja de Asistencia Social/Lotería de Santa Fe presentó dos denuncias que sumaban 385 sitios de juego ilegal. La cifra misma es la prueba de la inutilidad del método.
Por encima de todo eso hay un piso más. Los peritajes registraron paneles de administración de cajeros —admin.agentesbet.com, admin.pulpobet.com— y un soporte técnico centralizado. Casinozeus.io y Bet32.club derivan a sus usuarios al mismo WhatsApp. Esa línea, según fuentes judiciales, correspondía a Compu Tools SRL, con domicilio en Florida 537 del microcentro porteño, y el mismo abonado ya había aparecido en investigaciones porteñas por ganaencasa.io y celuapuestas.net. Cuatro marcas, un teléfono. Abajo, las redes minoristas con sus cajeros y su dinero por lavar. Arriba, un proveedor que les vende a todos el mismo servicio llave en mano. Bet32 exhibe licencia de Curazao, la jurisdicción que ampara buena parte del juego gris sudamericano.
Esto que ocurre en Rosario no es una excepción argentina. Es una versión temprana de algo que en México y Brasil ya llegó más lejos.
En México, la procuradora fiscal Grisel Galeano García describió en noviembre un esquema de seis pasos. Se engancha a una persona con engaños o robo de identidad —preferentemente estudiantes jóvenes, jubilados o amas de casa— y se le sustraen los datos bancarios. Se le envían por medios electrónicos tarjetas prepagadas o códigos premiados cargados con dinero de origen desconocido para usar en los casinos. Con esos recursos la persona, a veces sin saberlo, apuesta de forma física o en línea. El sistema del casino registra que ganó millones, pero nunca recibe las ganancias ni se entera.
El paralelo con la causa rosarina es cercano. En los dos casos el apostador no es un cliente sino un vehículo. La diferencia es de conciencia: en Rosario el vehículo se llama cajero y sabe lo que hace; en México se llama titular robado y no lo sabe. La función contable es idéntica: fabricar un ganador nominal cuyo retiro tenga apariencia lícita.
La escala mexicana es otra. En noviembre de 2025 el Ministerio de Hacienda de ese país detectó una red de lavado en trece casinos de ocho estados. La Secretaría de Gobernación canceló esos trece establecimientos y la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó sus cuentas, tras analizar salas físicas y virtuales, un sector considerado de riesgo relevante por su uso intensivo de efectivo y de transacciones digitales.
El 14 de abril de este año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso nombre propio a esa arquitectura. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en el idioma original) describió al Casino Centenario, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, operado por Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), como depósito de pastillas de fentanilo y cocaína del Cártel del Noreste, y como vehículo para lavar ganancias ilícitas e integrarlas al sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego. CAMSA opera además el Diamante Casino, con sede en Tampico y con un sitio de apuestas homónimo, diamantecasino.com.mx. Los tres fueron incorporados a la lista de Nacionales Especialmente Designados, junto con tres personas ligadas al cártel.
Hay un detalle en ese expediente que conviene retener. La OFAC sostiene que las trastiendas del Casino Centenario eran usadas para torturar e intimidar a presuntos enemigos del cártel.
Y hay otro que conecta las dos orillas. La Dirección General de Juegos y Sorteos mantiene suspendidos en México diez sitios de apuestas en línea: bet365.mx, betano.mx, 1xbet.mx, luckia.mx, netabet.mx, kingsbet.com.mx, kasino.mx y diamantecasino.com.mx, entre otros. Los dos últimos operaban bajo permiso de Atracciones y Emociones Vallarta. Es decir: el mismo dominio que el Tesoro estadounidense designó por sus vínculos con el Cártel del Noreste funcionaba en México con licencia vigente de una permisionaria autorizada. No en la clandestinidad. Adentro del sistema.
La medida forma parte de una actualización del registro oficial: de los 136 sitios autorizados en el país, solo unos dos tercios siguen activos. Y en los primeros cinco meses de 2026 el sector financiero mexicano presentó 202.045 reportes vinculados con juegos con apuestas, concursos y sorteos, por al menos 825 millones de dólares; el aviso solo es obligatorio cuando la operación supera las 645 unidades de medida y actualización.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum resumió el problema en una frase que podría firmar cualquier fiscal argentino: todo lo digital, todo lo que son las plataformas, no está realmente regulado. México llegó tarde a lo mismo. La ley cubre el casino con puerta y no la plataforma con dominio.
Brasil muestra el paso siguiente, el que en la Argentina todavía no se dio: qué pasa con el dinero después. En abril de 2024 la Policía Federal apuntó en Ceará al menos seis bets que lavaban para Primer Comando da Capital (PCC) y detuvo a parientes cercanos de Marcola, el líder de esta organización. La PF señaló que el Comando Vermelho y otros grupos también usan esos mecanismos para mover recursos del narcotráfico y del tráfico de armas. La operación Primma Migratio detectó que el PCC movió más de 55 millones de dólares a través del juego —jogo do bicho y bets— y usó parte para corromper agentes públicos. La operación Contenção estableció que la fintech 4TBank lavó 1100 millones de dólares para el Comando Vermelho y el PCC en un solo año, con empresas de fachada y contabilidad clandestina fuera de la supervisión del Banco Central. La operación Spare, continuación de Carbono Oculto, que llevan adelante el Ministerio Público y la Policía Militar de San Pablo, investiga la participación del PCC en apuestas ilegales, adulteración de combustibles y creación de fondos financieros para lavado.
El punto de llegada de esa cadena quedó descripto en el Senado brasileño. El informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación del Crimen Organizado, unas 220 páginas presentadas el 14 de abril por el senador Alessandro Vieira, conecta a facciones y milicias con operaciones del mercado financiero destinadas al lavado. “El caso Master evidenció que el crimen organizado brasileño alcanzó un nivel de sofisticación en que facciones de base territorial, como el PCC, operan en simbiosis con operadores del mercado financiero formal, valiéndose de fondos de inversión, gestoras de activos e instituciones bancarias para lavar miles de millones de reales, corromper agentes públicos y capturar porciones del aparato estatal y regulatorio”, escribió el relator.
El informe mapeó 90 organizaciones criminales, dos de alcance nacional y transnacional, presentes en 24 estados y el Distrito Federal; sostuvo que al menos el 26% del territorio brasileño está bajo algún tipo de control del crimen organizado y que 28,5 millones de personas viven en áreas con presencia criminal. Señaló al lavado como “el mecanismo central de sustentación del crimen organizado”, presente en la venta de cigarrillos, oro, mercado inmobiliario, bebidas, fintechs, criptomonedas y fondos de inversión.
El texto, sin embargo, no llegó a ser conclusión del Senado. Fue rechazado por seis votos contra cuatro y la comisión terminó sin informe aprobado. Varios senadores criticaron la ausencia de indicios de responsables de organizaciones criminales y mencionaron, entre los nombres que debieron figurar, a Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master. El mismo banquero que, según el Ministerio Público paulista, compró con fondos bajo sospecha una porción de la sociedad anónima del Atlético Mineiro.
Ahí está la diferencia estructural. En Brasil el dinero no se queda en la plataforma: sube a fintechs, a fondos de inversión, a bancos, a clubes de fútbol. En la Argentina todavía se frena antes. A Roberto Zuco, detenido en octubre en el country Terralagos de Canning y procesado con prisión preventiva por la mayor causa federal de juego ilegal del país, le encontraron en una caja de seguridad 2,5 millones de dólares y un lingote de oro. Su red operaba una familia de dominios —celuapuestas.com, .net, .io, .space— con 31 sociedades pantalla, más de 200 vehículos, testaferros familiares y depósitos fraccionados. La fiscalía estima que blanqueó más de 7 millones de dólares y 17.000 millones de pesos. Es mucho dinero, pero es dinero guardado en una caja fuerte y en autos. La distancia entre eso y un fondo de inversión que compra un club de primera división es la que hay entre una economía criminal en tránsito y otra ya madura.
Ese es el pronóstico. En México el Estado reaccionó cuando el Tesoro de Estados Unidos empujó. En Brasil, cuando el dinero ya estaba adentro del sistema financiero. En la Argentina la única respuesta hasta ahora es el bloqueo de dominios.
En 2020 Los Monos se quedaron con las salas clandestinas de Leonardo Peiti a fuerza de balazos y extorsión, en una trama que terminó con dos fiscales presos y un senador acusado de garantizar protección judicial. Aquello era juego físico: tragamonedas, garitos, sobres con efectivo. Cinco años después, la célula de Contreras muestra la versión sin local, sin máquinas, con cajeras reclutadas por WhatsApp y la recaudación circulando por billeteras virtuales.
La fiscal Pairola dejó escrita en el acuerdo con Dipietri la frase que explica la conveniencia del negocio: la actividad de apuestas “no pone en peligro la integridad física de terceros, al menos de forma directa”. Rinde como el narcomenudeo, lava mejor que una financiera y casi no genera expedientes.