El pasado miércoles 25 de junio Javier Milei firmó el “proyecto de decreto” en el que aceptaba la renuncia del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque. La dimisión que había enviado el magistrado el 10 de junio al Ministerio de Justicia de la Nación estuvo varios días en el escritorio del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, el hombre que conduce la cartera en la parece deambular sin rumbo Mariano Cúneo Libarona.
Los libertarios eran de los pocos que no arrastraban intereses creados con Bailaque. Pero la interna de ese espacio político, la puja permanente entre Milei y su hermana con la vicepresidenta Victoria Villarruel, podía generar un problema serio. La titular del Senado se había negado a promover a dos senadores del PJ para conformar el tribunal de enjuiciamiento que debía decidir sobre la destitución de Bailaque. Esto era un riesgo porque. si no se destituía al juez de su cargo antes de los 180 días, todo lo que se había investigado en el Consejo de la Magistratura no serviría para nada: Bailaque seguiría en el cargo y se caería el jury.
Más allá de las internas de los libertarios, Milei protagonizó otra maniobra para evitar que el escándalo de Bailaque se metiera en la campaña electoral en Rosario, donde el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Juan Pedro Aleart, aspiraba a obtener un triunfo, algo que finalmente no ocurrió porque Juan Monteverde se impuso en el comicio. El presidente había firmado el decreto 443/2025 el 25 de junio, cuatro días antes de las elecciones, pero se publicó en el Boletín Oficial recién el martes 1º de julio. El gobierno nacional evitó generarle un problema a Aleart y a su jefa política Romina Diez: tener que dar respuestas en el tramo final de la campaña sobre la decisión presidencial de aceptar la renuncia del juez.
La extensa investigación que venía realizando desde hace un año la comisión de acusación del Consejo de la Magistratura , finalmente, no sirvió para nada. Y no es un hecho menor que un juez renuncie o sea destituido. Después de enviar su renuncia, Bailaque comenzó a tramitar su jubilación por el régimen especial de Santa Cruz. El ahora exmagistrado trabajó entre 1994 y 2008 en la justicia de esa provincia, primero como defensor oficial y luego como juez de instrucción en Caleta Olivia. En 2008 asumió el cargo de juez federal de Rosario, un lugar de importancia al que llegó a través de las relaciones que había tejido en la precuela del kirchnerismo, aunque después tendió una red de apoyos políticos más transversal. En Santa Fe, su principal respaldo eran un operador judicial del radicalismo y otro del PRO.
Bailaque aspira ahora a jubilarse con el régimen de Santa Cruz, que tiene algunas ventajas económicas por “zona desfavorable”. Pero si lo condenan los fiscales pueden pedir la inhibición del cobro de la jubilación, como prevé el artículo 19 del Código Procesal Penal. Por lo pronto, el exmagistrado empezó a cumplir la prisión preventiva que le dictaron el 30 de abril pasado en su domicilio, donde –según la imputación- se gestó una de las tres causas en las que está involucrado, la extorsión al empresario Claudio Iglesias. Este delito se habría tramado en un asado en el quincho, junto con el financista Fernando Whpei y el extitular de ARCA, Carlos Vaudagna. La investigación contra el exmagistrado aún está abierta en la justicia federal y ahora se revisa si Bailaque tuvo un crecimiento patrimonial que no era acorde a sus ingresos como funcionario judicial.
Con la renuncia y la detención del exjuez se cierra una etapa y se abre otra. En este nuevo capítulo empiezan a jugar nuevos intereses e internas. El juzgado federal Nº4 va a ser subrogado por el juez Carlos Vera Barros, que ya es titular del Nº3. Este magistrado se va a quedar, por decisión de la Cámara Federal de Apelaciones, con todos los casos del sistema residual, es decir, aquellos que eran previos al nuevo acusatorio, que comenzó a regir el 6 de mayo de 2024. Hay que ver qué decisión toma Vera Barros. ¿Ordenará una auditoría para verificar qué causas había allí y en qué estado se encuentran?. Los fiscales federales comenzaron a revisar viejos expedientes que tenía Bailaque en su juzgado y se empiezan a encontrar con sorpresas. Por ejemplo, a mediados de junio se logró el procesamiento contra ocho militares por el robo de unos 400 fusiles FAL del Batallón Nº603 de Fray Luis Beltrán, un caso que estaba cajoneado desde hacía 14 años por el magistrado. ¿Las razones? Arturo Puricelli era el ministro de Defensa de la Nación cuando se produjo la sustracción de ese armamento que después terminó, en parte, en las favelas de Río de Janeiro. Puricelli era amigo personal de Bailaque enlos tiempos en que vivió en la ventosa Caleta Olivia.
Bailaque tenía varias funciones en la Justicia federal de Rosario. Era magistrado de Garantías del nuevo sistema, titular del juzgado Nº4 y además subrogaba el juzgado Nº1 de Santa Fe, que estaba en manos de Reynaldo Rodríguez. Otro juez que renunció antes de que lo destituyeran, en este caso no por corrupción sino por malos tratos a los empleados.
El juzgado federal de Santa Fe quedará en manos de otro magistrado controvertido, oriundo de Buenos Aires, más precisamente del cemento de Comodoro Py: Gastón Salmain, conocido en Rosario por los 16 custodios que usa para moverse en dos camionetas blindadas. Este juez, que trabajó para quedarse con una parte de la causa de Bailaque, fue recusado por los fiscales de Rosario por tener una relación con Carlos Vaudagna, el extitular de ARCA Rosario que declaró como arrepentido y admitió que tramó una extorsión con Bailaque y Whpei.
En un documento judicial se advierte que Salmain “tendría relación con Vaudagna, con el que se habría reunido al menos en dos ocasiones –una en Rosario y otra en la Ciudad de Buenos Aires–, mientras se estaba sustanciando su concurso para ser designado juez federal de Rosario”. “Vaudagna le habría hecho gestiones para transferir a una persona allegada a Salmain a otro organismo a la AFIP” y le acercó “el contacto de un salón de eventos para realizar un cóctel luego de su jura como magistrado federal”.
La caída de Bailaque marca un quiebre en el fuero federal de Rosario, pero deja abiertos varios interrogantes en un ámbito en el que muchos empleados son parientes de los magistrados. Bailaque tiene a sus tres hijos desempeñándose en la justicia federal rosarina. Pero no es el único. La pregunta que queda flotando en el aire es si la trama de corrupción que se detectó va a quedar como un caso aislado y Bailaque será condenado como un descarriado. O, si por el contrario, se investigará de forma profunda si existe un sistema que funciona para que haya oscuridad en una justicia que miró para otro lado cuando Rosario se desangraba, pero que no cargó con ningún costo político por eso. Nadie conoce la cara de ninguno de los habitantes de estos oscuros juzgados.
