Área Metropolitana de Rosario: un tetris complejo de piezas que no encajan

La falta de acuerdos entre jurisdicciones y niveles del estado afectan la vida cotidiana de 1.559.996 habitantes repartidos en 13 municipios y 16 comunas. 

El Área Metropolitana de Rosario (AMR) es un sistema conformado por personas, infraestructura (básica y compleja), bienes y servicios que interactúan de forma cotidiana. Ese movimiento constante atraviesa jurisdicciones locales, provinciales y nacionales que, a primera vista, resultan imperceptibles para quienes se desplazan por ellas. Por ejemplo, una familia que durante la primera década del 2000 vivía en Rosario y ahora vive en Funes puede que mande sus hijos a escuelas, colegios y universidades de la ciudad, utilice su sistema de salud, su amplia red de comercios, disfrute de su oferta de ocio y se traslade en vehículo particular o transporte público por la red de rutas, autopistas, circunvalaciones, calles y avenidas. La familia duerme en un suburbio del área metropolitana mientras que su día a día transcurre en la localidad cabecera. Si bien este ejemplo es una generalización, ayuda a dimensionar la interconexión que se da entre Rosario, donde viven 1.029.619 personas (Censo 2022), y las 28 localidades que conforman el AMR: un territorio que abarca 2.240 km2 conformado por 16 comunas y 13 municipios, en el que viven 1.559.996 habitantes que representan el 44,33% de la población de Santa Fe (+1,46% en relación al censo de 2010) y el 3,4% del país según los datos del Indec relacionados con el Censo 2022.

Si bien Rosario absorbe el 66% de la población del AMR, la migración hacia localidades de los corredores norte, sur y oeste se da en un contexto de falta de planificación de los gobiernos locales y provincial que produce un desarrollo silvestre de las comunidades receptoras, según reflexionó el director del Instituto de Desarrollo Regional, Juan Carlos Venesia. “Si uno tuviese que dotar de una infraestructura adecuada a todos los loteos que se radicaron o se desarrollaron en los últimos 10 años en el AMR –comentó Venesia–, necesitarías por lo menos entre 80 y 100 años para que esos territorios alcancen una densidad habitacional correspondiente al tipo de inversión –pública y privada– para cubrir esa expansión”.

“Roldán generó en todo Tierra de Sueños un cuadrante que es en superficie casi igual al Roldán histórico. Y en población son 10 mil habitantes que necesitan todo tipo de servicios y conectividad, pero como no planificaste ese uso del suelo, no lo desarrollaste adecuadamente”. Venesia citó ese y otros ejemplos para afirmar que es preciso una ley de ordenamiento territorial provincial superadora con el objetivo de evitar tensionar una infraestructura provincial que no cuenta con las inversiones necesarias para contener la velocidad a la que se expande el territorio urbanizado.

La lógica de ordenamiento y planificación que falta en los desarrollos inmobiliarios se replica a nivel productivo con el emplazamiento de parques industriales. Tanto Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Alvear, Funes, Roldán, Pérez como San Lorenzo, por citar algunas ciudades, tienen una zona para desarrollo industrial y son localidades que están separadas por escasos kilómetros. “Cada uno de esos parques precisa conectividad a rutas, autopistas, puertos y demandan grandes consumos de energía que requieren obras específicas”, puntualizó otro especialista en temas de desarrollo productivo.

La maldición de la pampa

Densidad habitacional y planificación son dos palabras que los especialistas en infraestructura mencionaron a Iceberg durante la producción de este artículo. Los loteos en localidades del AMR, al igual que la gentrificación de la zona central de Rosario en detrimento de otros sectores, generan problemas similares de escala diversa, con tipos de inversión y tiempos diferentes.

Las similitudes pasan por la falta de un buen servicio de cloacas y agua potable de red en el AMR y las zonas alejadas del centro rosarino, baja presión en barrios con alta concentración de edificios, perdidas por deterioro de cañerías o con un crecimiento exponencial de población en épocas de verano, como en el caso de Funes. También un casi nulo desarrollo de la red de gas en villas y asentamientos del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), expansión deficiente de los bulevares a la periferia y en localidades vecinas, sobrecarga de la red eléctrica en periodos de alto consumo y por conexiones irregulares y un déficit de plantas necesarias para el tratamiento de residuos sólidos y orgánicos y desechos cloacales residenciales. Con un agravante: la topografía de llanura del sur santafesino alienta la expansión horizontal de su millón y medio de habitantes. De ahí que la idea de planificación se vuelve relevante para los especialistas: no es lo mismo la inversión para ampliación o desarrollo de infraestructura en una zona delimitada con alta densidad de habitantes que llevar servicios públicos básicos desde Rosario a los distintos corredores del AMR, donde la población es baja.

 

“La problemática de la extensión de las redes está en el área metropolitana y en la descoordinación [de los gobiernos locales]. Sobre todo en qué se permite hacer con el suelo, que es donde tiene su mayor falencia el problema de la infraestructura”, reflexionó Gonzalo Comini, asesor legislativo de Ciudad Futura en temas de Planeamiento y Urbanismo en el Concejo Municipal de Rosario. En su momento “el Ente de Coordinación Metropolitano (Ecom) realizó una planificación general y algunas puntuales para las localidades con mayores inconvenientes de infraestructura. Pero lo hizo sin tener en cuenta las normativas de los municipios a los que iban dirigidos”. Comini argumentó que esa inconsistencia está relacionada con el hecho de que el Ecom no tiene capacidad para exigir a las comunidades que lo integran la aplicación de los planes que elabora.

En términos de beneficios políticos “la posibilidad de poder decidir que se hace con el suelo para una localidad es realmente muy seductor”, explicó Comini. “De repente que haya un loteo en una comuna chica le puede representar una ampliación de un tercio de su superficie urbanizada”, hipotetizó. Las obras de compensación que se suelen convenir entre un privado y un gobierno local por la habilitación de X proyecto, como por ejemplo “la pavimentación de cinco cuadras, que para la escala de Rosario pueden ser obras menores, para una comuna representa un salto de calidad significativo y un activo político frente al vecino”, apuntó el técnico de Ciudad Futura. Al mismo tiempo, esa contrapartida a la que se compromete el privado lo beneficia, porque mejora el acceso y el entorno de su emprendimiento.

El manejo del suelo que mencionó Comini en términos de urbanización es un terreno de disputa a la hora de planificar. Esa potestad de los municipios y comunas también incluye la elevación formal del pedido de obras para agua, luz y gas al gobierno provincial. En el medio aparecen las empresas de servicios que son las que habilitan o rechazan la factibilidad de lo requerido. En caso de que se aprueben, se logre el financiamiento y se ejecuten, son las localidades las que luego asumen la inversión, en conjunto con sus pobladores y empresas, y definen cómo se extiende la red secundaria desde el troncal a las viviendas particulares y los desarrollos productivos.

Esta lógica burocrática de control, que transforma el proceso en una carrera de postas y resistencia por la luz verde, en parte dependerá de los tiempos electorales y de la voluntad y sintonía que exista entre el gobernador de ese momento y el intendente o jefe comunal que las requiera.

El jardín de la provincia

Cualquier persona que conoció el Funes de la década del 90 sabe que su actualidad representa un cambio de 360°. Pasó de ser un pueblo de casas de fin de semana del rosarino de clase media a una ciudad que concentra al grueso de la población de ingresos medios altos y altos de la zona, con una oferta de negocios y comercios afines. El cambio comenzó en los 2000, con las ordenanzas 181/00 y su modificatoria 190/00, que habilitó los barrios cerrados. Los primeros fueron Funes Hill y Kentucky, y a partir de su consolidación llegaron los barrios abiertos en la década siguiente, apalancados en los créditos Procrear del Estado Nacional. Funes pasó de 23.520 habitantes en el censo de 2010 a 38.274 en el de 2022 (+62.7%). Previamente, entre 1980 y 2010, tuvo un crecimiento de 237,9%.

 

“La morfología de Funes empezó a cambiar con el surgimiento de los barrios cerrados que aceleraron el crecimiento demográfico de la ciudad”, reflexionó el concejal radical de Unidos Ignacio Rimini. Ese salto poblacional generó que se resintieran los servicios públicos –explicó el radical–, pero a partir de 2019, tras ganar la intendencia el peronista Roly Santacroce, se logró subsanar a través de una ordenanza de “mejor aprovechamiento urbanístico” que tomó como modelo las que se aplican en Rosario. La regulación estableció un mecanismo de plusvalía que obliga a los nuevos desarrollos inmobiliarios a realizar aportes extraordinarios con relación al costo del metro cuadrado construido o el valor fiscal de la tierra. La ordenanza, impulsada por el propio Santacroce cuando aún era concejal, se aprobó previo a su asunción en acuerdo con el gobierno saliente.

“Funes tiene un componente particular: la duplicación o triplicación de la población en temporada veraniega hace que la red de agua no tenga presión y la basura crezca exponencialmente, tanto en residuos verdes como domiciliarios”, detalló el concejal de Unidos. Rímini consideró que el mayor problema que enfrenta su ciudad es el agua, seguido por la conectividad. “La red de agua es muy escueta, alcanza el casco céntrico hacia el Norte y el Sur –según los cálculos del edil eso equivale al 45% de la ciudad–, el resto no tenemos red y debemos extraerla de canillas públicas que no dan abasto”.

Los barrios cerrados de Funes que se encuentran fuera del área de cobertura de la red de Aguas Santafesinas (Assa) están obligados desde los primeros 2000 a contar con plantas de ósmosis inversa para el consumo de agua potable en los hogares que cubre su área. Esta alternativa para la potabilización de agua de las napas es de uso habitual en comunas y municipios del AMR. Las localidades sin acueductos que las conecten con plantas de procesamiento de Assa recurren a esa y otras vías para acceder a un recurso de calidad como el que se extrae del Paraná. La obra crítica para dar solución a estas deficiencias es el Acueducto Gran Rosario, que representa una inversión promedio de 50 millones de dólares y demandaría tres años de ejecución, según declaraciones que hizo a la prensa la presidenta de Assa, Anahí Rodríguez.

El concejal Rímini consideró que los problemas mencionados y los relacionados con infraestructura de educación, salud y seguridad, son derivaciones de la falta de planificación y ordenamiento urbano de la actual gestión municipal. Iceberg se comunicó con el secretario de Gobierno funense, Martín Papini, para conocer la mirada oficial sobre la cuestión de infraestructura, pero solo logramos ser derivados con el área de prensa que no aportó información relevante para contrastar los dichos del concejal opositor.

La Barcelona renga del sur santafesino

Si bien Rosario mantiene problemas de infraestructura en su zona central y en particular hacia las periferias, los especialistas y funcionarios políticos consultados (oficialistas y opositores) coinciden en que la situación no se asemeja a los del resto del AMR. La ciudad ofrece un porcentaje alto en cobertura de servicios esenciales como agua potable y gas de red, cloacas, electricidad, conectividad y pavimento. Pero a diferencia de su área metropolitana padece con mayor intensidad lo que hace a mantenimiento por el uso constante de su millón de habitantes más los que entran y salen.

 

Otro tema que señalan con preocupación especialistas consultados se conecta con una multiplicidad de irregularidades que se vuelven norma. Un ejemplo son los palos cajón de electricidad en los accesos a edificios que en algunos casos están habitados, pese a no tener el final de obra del municipio, y que tardan años en ser retirados. Otros son los cortes en el servicio de gas de forma preventiva ante pérdidas, la demora en su reconexión y un clásico que padecen todas las zonas de la ciudad: falta de presión de agua y cortes de luz por sobrecarga durante el verano.

Dejando de lado las irregularidades que dependen del control municipal a través de permisos y habilitaciones, la resolución de problemas estructurales de ampliación y mantenimiento de servicios públicos de gestión estatal, como agua y energía, o privados, en el caso del gas, dependen de la capacidad de negociación y buena sintonía que tengan quienes gobiernan a nivel local y provincial. El hecho de que Santa Fe esté liderada desde diciembre por el radical Maximiliano Pullaro, que comparte coalición con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, facilita y acelera gestiones que durante el mandato de Omar Perotti no se movieron, detallaron fuentes del ejecutivo local.

Siguiendo esa lógica, el concejal Fabrizio Fiatti, jefe del bloque oficialista de Arriba Rosario y presidente de la comisión de Planeamiento y Urbanismo, aseguró a Iceberg que el gobierno de Pullaro, a través de Assa, se comprometió a desembolsar 87 millones de dólares para llevar adelante el reemplazo de cañerías en la zona centro, que datan del siglo pasado. “Se estima de forma estadística que el 50% de las cañerías de Rosario tienen algún tipo de perdida producto de la antigüedad”, se sinceró el edil. El plan de obras de Assa y la inversión “van de la mano con nuestra prioridad, que es densificar la zona centro”, explicó Fiatti.

El concepto de “ciudad compacta” al que refiere el edil cuando habla de densificar y desarrollar Rosario por zonas, es el ordenamiento de planificación que rige la gestión Javkin. La ciudad se piensa en anillos y corredores que parten de la zona central hacia la periferia, llevando obras y mejoras. “El nivel de inversión en infraestructura se optimiza porque se mejoran las redes existentes en aquellos lugares donde ya hay crecimiento urbano, donde hay ciudad en términos conceptuales”, detalló Fiatti.

 

Pedro Salinas, exconcejal de Ciudad Futura y actual secretario de bloque del principal partido opositor, cuestionó ese enfoque de planificación urbana porque relega sectores de la ciudad con necesidades de infraestructura mayores a las del centro. “Los barrios Renabap que se ubican dentro del casco urbano de Rosario abarcan una población aproximada de 200 mil personas que, en su mayoría, no cuenta con acceso formal a la red de agua potable, eléctrica o de gas”, contrastó.

La forma en que se ordena y se planifica Rosario determina ganadores y perdedores. El municipio tiene tres facultades clave: uso del suelo, direccionamiento del desarrollo urbanístico y capacidad de endeudamiento. Los dos primeros dotan a los ejecutivos locales de poder de negociación con el resto del sistema y en especial con los desarrolladores inmobiliarios. Si un intendente decidiera liberalizar las regulaciones para la construcción de emprendimientos privados -o hacerlas más estrictas- perdería la discrecionalidad para definir qué se hace con el suelo, el margen de negociación para compensaciones desaparecería y su rol de rector urbanístico respecto a cómo debería crecer y hacia dónde la ciudad no tendría ningún impacto. Pero no solo eso: en términos políticos a los oficialismos se les haría más díficil señalar enemigos dependiendo el enfoque de cada proyecto urbanistico.

El tercer elemento, la capacidad de endeudamiento para hacer obras de la que dispone la Municipalidad de Rosario, es un punto en que coinciden con miradas similares opositores y oficialistas. Los mecanismos de endeudamiento a través del mercado de capitales (letras, bonos, fideicomisos) existen y se utilizan desde hace décadas en la ciudad más allá de los vaivenes económicos del país. La actual gestión de Javkín las usó para repavimentación y apertura de calles, por poner dos ejemplos. En todo caso, lo que diferencia a sectores como Ciudad Futura del oficialista Creo y el resto de la coalición de Unidos es el grado de involucramiento que debería tener el Estado y los privados a la hora del ordenamiento y la planificación de Rosario.