Abogados y contadores se transformaron en engranajes claves del crimen organizado. Sin ellos el dinero no circula
El trabajo periodístico se encarga muchas veces de unir historias, buscar las intersecciones de caminos que quizás lleguen al lugar demarcado en ocasiones por la intuición y el olfato, y siempre con información. Además, el periodista puede revelar aquellos pliegues que no necesariamente impliquen algo ilícito, sino que sirven para aportar los argumentos que encierra la historia que se pretende develar. Los detalles de los hechos son más nutritivos y exhiben un entramado que pocos conocen. Sirven, simplemente, para contar lo que ocurrió.
Martin Baron, que estuvo al frente de The Washington Post, advirtió que una de las crisis que enfrenta el periodismo excede al oficio. Y tiene que ver con la percepción de la sociedad sobre algo que parece simple: “los hechos”. “Vivimos un momento donde no podemos ponernos de acuerdo sobre los hechos, ni sobre cómo establecer qué es un hecho, cuáles son los elementos necesarios para establecer un hecho”, señaló el hombre que dirigió en el diario The Boston Globe la investigación sobre los abusos sexuales de sacerdotes y que fue llevada al cine con el nombre de Spotlight. Baron consideró que en tiempos de la postverdad no solo está en discusión qué es cierto o no, sino lo que ocurre. Este rasgo promueve que la impunidad engorde.
En Iceberg contamos cómo fue el recorrido, simple y llano, de la investigación que reveló que el juez federal Marcelo Bailaque -que está siendo sometido a un “trámite disciplinario” en el Consejo de la Magistratura- compartía su contador Gabriel Mizzau con el jefe narco Esteban Alvarado. Sebastián Mizzau, hijo de este profesional, había entrado a trabajar en el juzgado de Bailaque cuando tenía la instrucción de la causa de Alvarado. En términos de Baron es un hecho claro. El propio magistrado admitió esto, aunque dijo desconocer que Gabriel Mizzau fuera contador de dos empresas de Alvarado.
El 27 de marzo pasado, antes de que trascendiera esta información, en la acordada 02/2024, los jueces de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Rosario se designaron a Sebastián Mizzau como “jefe de despacho (relator interno) de la vocalía” del TOF 3. En otra acordada, la 07/2024, dictada el 8 de agosto pasado, cuando ya se había publicado esta información, omitieron nombrar a Sebastián Mizzau. Es el único ítem en el que no se mencionan las designaciones. “Mantener los interinatos designados oportunamente en la acordada 02/2024 de este TOF 3, en los cargos de Jefe de Despacho Relator”, señala el documento. Los hechos existieron, como advirtió Baron.
En el juicio por lavado de dinero contra Esteban Alvarado, en el que el jefe narco fue condenado a cinco años de prisión, ocurrió algo que pasó desapercibido. Pero el hecho ocurrió. Rosa Capuano, la expareja de Alvarado, antes de firmar un juicio abreviado en este proceso, propuso como testigo al contador Gabriel Mizzau, que había firmado los balances de dos empresas en las que figura como titular, Logística Santino SRL y Sagrado Corazón de María SRL. En el juicio se determinó que con esas firmas, Alvarado lavó dinero proveniente del narcotráfico. Mizzau no declaró porque la mujer admitió su culpabilidad. Pero quedó comprobado que este contador llevaba las cuentas de sus empresas con las que lavaba dinero.
Después de la nota publicada en Iceberg, la fiscalía federal de Rosario inició una investigación. Luego se sumó la denuncia que hizo la diputada provincial Lionella Cattalini contra el juez Bailaque. La senadora Carolina Losada agregó esta historia en una presentación que hizo en el Consejo de la Magistratura para que se sume a la investigación que se abrió contra el magistrado. La Procuración de Narcocriminalidad (PROCUNAR) notificó a Mizzau y a Bailaque que se abrió una investigación a raíz de la publicación y la denuncia posterior. Ambos pusieron abogados para seguir la causa.
Esta trama pone en discusión algo relativamente nuevo para la propia justicia, que se centra en los límites y el rol de los profesionales, sobre todo abogados y contadores. El lavado de activos está regulado desde 2000, cuando se aprobó la ley Nº 25.246. Pero recién empezó a tener cierta relevancia en términos concretos cuando en 2011 se modificó esa norma –con la sanción de la ley N° 26.683- y se agregaron, entre otras cosas, facultades a la Unidad de Información Financiera (UIF) para supervisar a los sujetos obligados, por ejemplo, una inmobiliaria o una concesionaria de autos. Los mayores controles, que muchas veces no son efectivos, obligaron a que un narco tuviese que llamar a un contador o a un abogado para que aportase soluciones. “Alvarado necesitaba un contador para manejar parte de su dinero. Probablemente otra parte esté fuera del país o enterrada”, explicó un fiscal federal. Ese contador era Mizzau.
Diego Iglesias, titular de PROCUNAR, comenzó a ser invitado por los colegios profesionales en varios puntos del país, donde empezó a haber un interés creciente sobre este punto: “Los límites”. En sus charlas, Iglesias usa una fórmula muy didáctica que tiene que ver con los tiempos verbales. “Si ustedes, en la relación con un cliente, hablan en futuro están haciendo algo mal”, advierte el funcionario en sus disertaciones. El abogado es contratado para ejercer una defensa sobre el pasado. Sobre lo que ya ocurrió.
En el juicio por lavado contra Alvarado esta semana reapareció en escena Claudio Tavella, histórico abogado defensor del narco. Este letrado fue condenado en 2020 a tres años de prisión efectiva -en un juicio abreviado- y al pago de una multa de 44.000.000 pesos por haber cometido ilícitos en el desempeño de su función profesional en favor de Alvarado.
El 20 de agosto de 2014 Ricardo Covella adquirió un campo de diez hectáreas en Coronel Bogado por el que pagó 950.000 pesos en efectivo. Covella no tenía capacidad económica para comprar ese inmueble y dos años después se lo vendió a Tavella por 1.900.000 pesos pagaderos con una entrega y el resto en 60 cuotas. El valor fiscal de ese lote era de 5.443.262 pesos. Se comprobó que la transacción y esa suma pagada fueron una simulación. Tavella admitió al firmar la condena que el dinero utilizado era de Alvarado. El letrado había usado el tiempo verbal futuro. El Colegio de Abogados suspendió la matrícula de manera momentánea y el 3 de febrero de 2023 se la rehabilitaron. Y ahora volvió al ejercicio de la profesión. A los fiscales les sorprendió que un abogado que admitió pertenecer a la banda de Alvarado esté en las audiencias defendiéndolo.
Hay un libro de Cormac McCarthy que refleja este intríngulis. “Siempre hay dilemas éticos”, le explica Reiner, un extravagante jefe narco, a su abogado, que participará “por única vez” en una operación de tráfico de cocaína desde México a Estados Unidos. Reiner le advierte con naturalidad y una sonrisa socarrona, según acentúa el escritor de El consejero, que “no existe una sola vez, sino que estás fuera o dentro”.
La película que llevó la novela al cine en 2013 fue dirigida por Ridley Scott y fue un fiasco. No sólo porque muy pocos fueron a ver el film titulado en Argentina como El abogado del crimen, sino también porque la crítica la destrozó a pesar de tener un elenco de lujo. Pero tanto la película como el pequeño libro que editó Mondadori tuvieron su nicho de éxito entre los abogados, ya que bucea en esa frontera en la que no existen límites difusos entre las actividades legales e ilegales, sino en que se entra en esa categoría del “adentro y afuera”, como dice el personaje que interpreta Javier Bardem. El dilema ético puede servir de discusión entre los letrados, pero no dentro de la mafia.
