Cómo se mueven los gerentes fantasmas del narcotráfico internacional
En Rosario operan grupos narco trasnacionales que generan rentas millonarias sin provocar violencia. Es un universo del negocio del tráfico de drogas que no se toca con el narcomenudeo, que manejan las bandas locales
En Rosario operan grupos narco trasnacionales que generan rentas millonarias sin provocar violencia. Es un universo del negocio del tráfico de drogas que no se toca con el narcomenudeo, que manejan las bandas locales
“Pidan lo que quieran pero esto tiene que aprobarse hoy”, recomendó a los siete ediles Diego Garavano, el presidente del Concejo Deliberante de Villa Gobernador Gálvez, una ciudad de 80 mil habitantes que está separada de Rosario por una avenida. Aquel 7 de octubre de 2013 sobre la mesa del recinto había una carpeta color verde con el rótulo “Crematorio V.G.G.”, que unos minutos antes había enviado el intendente Partido Justicialista, Pedro González, yerno de Garavano.
Carlos Dolce, del Partido Socialista, fue el único que se abstuvo y no aprobó el expediente 4933/13. Nadie tomó en cuenta su pedido de estudiar con mayor profundidad ese proyecto. “Sospeché que detrás del crematorio había algún negociado del intendente, pero lo vinculé con el tema inmobiliario”, advirtió. Se equivocó.
¿Quién podía sospechar e ir más allá, y pensar que detrás de la construcción de ese crematorio había un grupo narco transnacional? Esa “inversión” del cartel colombiano liderado por los hermanos Triana Peña formaba parte de los $ 197.395.630 y US$ 4.100.561 que esta organización había lavado en la Argentina a través de 30 empresas que crearon en el país desde 2010.
Era la muestra de cómo el dinero del narcotráfico podía colarse por los puntos más débiles del Estado. Esas grietas dejaban el resquicio para que los fondos sucios se blanquearan en obras que no eran necesarias y por las que nadie pedía demasiadas explicaciones. En Villa Gobernador Gálvez, ciudad asediada por la pobreza y la violencia el gobierno local alentaba la construcción de un sistema para incinerar cadáveres. El proyecto era extraño, pero más que detrás de él estuviese un grupo narco internacional.
Dos años después de que se aprobara la edificación de ese crematorio aparecieron algunas respuestas. El 17 de septiembre de 2015, Gendarmería allanó el depósito fiscal Binder, en Rosario, y tras un extenso peritaje los efectivos de esa fuerza y de la Aduana pudieron determinar con dos perros Golden Retriever que el cargamento de 46 toneladas de arroz que había pasado los controles de escáner contenía 12 kilos de cocaína.
Esa carga despachada por la empresa Euroexport SRL -con domicilio en Buenos Aires 440, San Miguel de Tucumán- tenía como destino Guinea Bissau, donde el cereal iba a llegar a través del programa de Naciones Unidas “Hambre Cero”. El cartel había comenzado a probar una nueva ruta por África, como punto intermedio, para luego llegar a Europa. El centro operativo de los colombianos en la Argentina funcionaba en Rosario, donde el puerto daba esas ventajas logísticas.
En ese predio de tres hectáreas junto al cementerio “San Lorenzo” de Villa Gobernador Gálvez, cuya propiedad era de Ricardo Papalardo -un desarrollador inmobiliario con vínculos con el intendente-, la mutual Provincias Unidas -la pantalla que usaba el cartel- pretendía construir un crematorio para incinerar cadáveres. Esa entidad, con sede en Rosario, que no tenía ninguna experiencia en el rubro, iba a desembolsar -según el convenio de concesión 3369/2013- para esa obra $ 19.500.000 y US$ 700 mil.
Las sospechas que levantaba el crematorio apuntaban al veterano cacique peronista Pedro González, quien falleció el 7 de mayo de 2017. Esa ciudad de 80 mil habitantes, considerada el patio trasero o el “escondite” de Rosario, estuvo al mando de González entre 1991 y 2003 y entre 2011 y 2015.
En las calles de esa ciudad se libró parte de la guerra entre bandas narco de Rosario. Allí mataron el 26 de mayo de 2013 a Claudio Cantero, alias “Pájaro”, líder de los Monos, una muerte que disparó un raid de venganzas contra la familia Bassi, cercana al ex intendente, a quien “ayudaba” movilizando en la flota de remises a los votantes en la época de elecciones.
La remisería Cinco Estrellas fue el escenario de esa cacería. Allí fue asesinado el 31 de diciembre de 2013 Leandro Bassi, de 36 años. El 12 de febrero de 2014 fue acribillado su hermano Maximiliano, de 34. Y Luis, de 60 años, el padre de ambos y de Pollo, el jefe de los sicarios que libraron la guerra a los Monos, fue ejecutado mientras tomaba mates en la puerta del local, donde tiempo antes habían instalado un acoplado a modo de barricada.
La mutual Provincias Unidas pagó en concepto de canon un adelanto al municipio de $ 2.000.000 el 11 de noviembre de 2014. Un mes después de que el dinero se acreditara en la cuenta N° 0074002 del Nuevo Banco de Santa Fe, Guillermo Heisinger, el arquitecto financiero del cartel, caminaba por avenida San Martín al 800, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando sonó su teléfono.
El sol era implacable a las 14.26 de aquel 4 de diciembre de 2014. Estaba a sólo 20 metros del edificio del Concejo Federal de Inversiones, pero prefirió no entrar; decidió soportar el calor parado en la vereda del viejo edificio de Harrods para atender esa comunicación que era importante por quien llamaba.
Lo primero que le preguntó a su socio Aldo Corizzo fue: “¿Vio la luz lo del crematorio?”. Ese jubilado que vivía en barrio Martin en Rosario y también tenía como domicilio el departamento de Heisinger en Alvear 1502, en el barrio de Recoleta, fue quien tejió el “negocio” en Villa Gobernador Gálvez.
En ese departamento lujoso donde vivía Heisinger, la Policía Federal secuestró a fines de 2015 la carpeta color verde que tenía el rótulo: “Proyecto Crematorio VGG”. Estaba sobre un escritorio junto con fotografías del ex funcionario con Juan Pablo II y en otras dos con el entonces presidente Carlos Menem.
“Ya firmé con el Gordo González”, contó Corizzo y preguntó si Carlos Yorelmy Duarte Díaz, uno de los capos colombianos de la banda, había regresado de Uruguay. Tenía que reunirse con él en Rosario para pasarle las novedades. “Primero firmo lo del crematorio y después lo del puerto”, resumió Corizzo, en esa breve comunicación de 2 minutos.
Faltaba cerrar otros eslabones de la cadena de “inversiones” que delineaba el cartel liderado por los hermanos Erman y William Triana Peña para lavar dinero del narcotráfico y exportar cocaína hacia África.
Pretendían manejar un puerto en la zona de Fray Luis Beltrán, hacia el norte de Rosario, para exportar los cargamentos de arroz con cocaína de máxima pureza que Wilmar Yuriano Valencia Estrada (detenido por la Policía en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Cali, Colombia), alias “El Especialista”, preparaba en la casa ubicada en el barrio de Arroyito de Rosario (Víctor Mercante al 1100) con el oncólogo Gabriel Zilli, reconocido especialista en tratamientos contra el dolor a enfermos terminales.
La otra pata estaba relacionada con el fútbol. Pretendían desembolsar dinero en Rosario Central para la compra de jugadores. Era un recorrido similar al que habían trazado en el club El Porvenir, en Gerli, al sur de Buenos Aires. “El Porve” atravesaba uno de los momentos más duros desde su fundación en 1915: jugaba en la categoría “D” y no había muchas chances de ascender.
El 25 de febrero de 2015 la comisión directiva firmó un acuerdo con la empresa International Trade And Commerce (ITC), cuyos titulares eran el colombiano Carlos Yorelmy Duarte Díaz y el ex funcionario del Ministerio del Interior de la Nación Heinsinger. La firma que se creó en 2011 y -según la causa 7.650/2014- y había administrado $ 24.708.935 durante cuatro años aportaba al club $ 2.160.000, en cuotas mensuales de $ 80 mil. A cambio obtenían el 70% de los derechos económicos de todos los jugadores del club. El veterano dirigente de El Porvenir Enrique Merelas, entonces presidente del club, había firmado el acuerdo ante la desesperación de obtener fondos frescos.
“El Porve” estaba en bancarrota, y el cartel colombiano se aprovechaba de esas debilidades. Además, la conducción del club ayudaba a que las grietas se ensancharan. Era muy poco transparente. El 15 de mayo de 2017, Merelas fue llamado a declarar por la UFI N°8 por “los delitos de administración fraudulenta, estafa y confección de balances apócrifos”. Habían desaparecido los balances de los últimos años.
Duarte Díaz y Heisinger querían volver a aplicar ese manual para lavar dinero en Rosario Central. Era un club mucho más grande que El Porvenir, pero lo que lo asemejaba al de Gerli era la crisis que atravesaba tras el descenso en 2010, con el histórico dirigente radical Horacio Usandizaga como presidente.
La gestión de Norberto Speciale y el ex delantero Gonzalo Belloso lograron que los canallas volvieran a la Primera División tres años después, de la mano de Miguel Ángel Russo. Pero los hinchas no estaban conformes con la conducción de la entidad, en plena incertidumbre y ante el temor de que el fantasma del descenso volviera a corporizarse.
Heisinger y Duarte Díaz seguían de cerca en ese momento la crisis de Rosario Central, y sobre todo el proceso electoral. Corizzo, el intermediario, le contó el 12 de septiembre de 2014 al mediodía que “hay renovación en las listas en Rosario Central”. “Con los tipos de La Cámpora queremos agarrar el control del club. Queremos echar a todos los intermediarios para manejar la compra y venta de jugadores de la Primera, que es mucha plata”, apuntó.
Los alfiles del cartel estaban interiorizados de todo el proceso electoral que llevó el 5 de octubre de 2014 al abogado Raúl Broglia, de la coalición “Foro Canalla Unidos”, a la presidencia del club. Pero en la comisión había un solo dirigente de La Cámpora, que era vocal suplente. La gran mayoría de la comisión eran dirigentes ligados al socialismo.
El acuerdo con Rosario Central no se pudo sellar. El juez federal Sergio Torres decidió el 17 de septiembre, cinco días después de la conversación que mantuvieron Heisinger y Corizzo, que Gendarmería debía allanar el depósito fiscal Binder, donde estaba alojado el cargamento de arroz embebido en cocaína que tenía como destino Guinea Bissau.
Durante los días en que ambos conversaban de la posibilidad de meterse por las grietas de Rosario Central para manejar la compra y venta de jugadores, a cuatro cuadras del estadio Gigante de Arroyito, en la calle Víctor Mercante 1135 el oncólogo Gabriel Zilli “cocinaba” arroz en una gigantesca olla con Wilmar Yuriano Valencia Estrada, alias “El Especialista”. En esa casa del barrio de Arroyito también participaba del “experimento” Jorge Eliécer Ramírez Cuartas, quien había llegado dos días antes en un colectivo de la empresa El Rosarino.
Valencia Estrada, quien fue detenido en el 7 de junio de 2016 en el aeropuerto de Cali cuando regresaba de Panamá, era uno de los expertos más hábiles del mundo en camuflar cocaína para no ser descubierta por los escáner.
Los peritos de Gendarmería estuvieron más de seis meses para determinar el proceso que había logrado “El Especialista” para cubrir con una fina película de cocaína cada grano de arroz. Nunca habían visto algo igual.
Para ingresar en esa ruta hacia África, en la que los mexicanos del cartel de Sinaloa habían incursionado desde 2010 con la ayuda de la mafia italiana Ndrangheta, el cartel aspiraba a tener un puerto propio en esta zona.
En las escuchas telefónicas Heinsinger, Corizzo y Duarte Díaz mencionan la posibilidad de adquirir un puerto en Fray Luis Beltrán, una localidad vecina a Rosario, donde está enclavada desde 1941 la fábrica de armas de Fabricaciones Militares.
El predio costero de la Fábrica de Armas de Fray Luis Beltrán es el único espacio vacante en la ribera del Paraná. Hubo interés en un momento de inversores chinos por quedarse con ese puerto que está en una zona estratégica del polo industrial del Gran Rosario por donde se exporta el 85% de la soja que produce la Argentina.
Las conversaciones entre Heisinger y Corizzo y uno de los jefes del cartel Duarte Díaz, según las escuchas de la causa, apuntaban a iniciar tratativas con el Ministerio del Interior y Transporte, que tiene jurisdicción sobre los puertos, para adquirir ese predio sobre el río Paraná.
De acuerdo con la transcripción de la escucha telefónica que se produjo el 12 de septiembre, “una voz masculina que llama a Guillermo (Heisinger) le cuenta que está avanzando mucho con la gente del Ministerio del Interior en la campaña de (Florencio) Randazzo”. El mismo hombre agregó que “avanzó con los durmientes del Sarmiento”. Seis días después, el colombiano Duarte Díaz insiste en que “lo de los puertos va muy bien y lo de Randazzo también”.
En el CD N°43 de la causa 7.650/2014, Corizzo le avisó el 22 de noviembre de 2014 al ex funcionario menemista y testaferro del cartel que al otro día que “González” “va mañana a las 10 al Ministerio con un americano por un tema para (Florencio) Randazzo”. “En este momento están haciendo el estudio de los accesos Vialidad Nacional”, agregó.
Ninguna de los proyectos que tejió este grupo narco se pudo concretar por un motivo de fuerza mayor: con información precisa de la agencia Drug Enforcement Administration (DEA) efectivos de Gendarmería allanaron el 16 de setiembre de 2015 el depósito fiscal Binder. Allí estaba listo para ser despachado hacia Guinea Bissau un cargamento de 40 toneladas de arroz, embebido en cocaína.
Desde ese momento, los 55 teléfonos que estaban intervenidos dejaron de funcionar. Trece miembros del cartel lograron ser detenidos pero 11 pudieron fugarse, entre ellos los dos capos y cerebros de la organización como Erman y William Triana Peña, que desaparecieron a través de la Triple Frontera. Pero luego fueron detenidos y extraditados. Cumplen penas en la cárcel de Ezeiza.
La Dirección de Investigación Criminal e Interpol, bajo la coordinación de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos de Colombia, detuvo por sorpresa a William Triana Peña en una ruta que une Bogotá con el municipio de Chía, cuando iba a encontrarse con su hermano mayor Erman.
Ambos pertenecen a una familia numerosa, integrada por seis hermanos -Nelson, Fabio y María Elsa y Yoana- que desde hace una década están ligados al esquema de poder del cartel del Norte del Valle y los Urabeños, los herederos del cartel de Cali.
El ocaso de la organización en Argentina quedó en evidencia en el barrio de Nordelta. La mansión de Yoana quedó abandonada tras los allanamientos que ordenó el juez federal Torres que empezaron a desmantelar la banda. Allí tenía domicilio una de las empresas del grupo Lo Nuestro Agropecuaria. Ella también se fugó presuntamente a Colombia.
Desde que la DEA detectó a este grupo liderado por los hermanos Triana Peña, que operaban por el puerto de Rosario, no cayó ninguna otra organización internacional ligada al narcotráfico. Aparecieron indicios, pero nada concreto hasta 2022.
En el medio ocurrió un hecho extraño que nunca nadie en la justicia federal y santafesina investigó.
El 7 de noviembre de 2017 un cadáver apareció flotando en el río Paraná. El cuerpo estaba envuelto en una frazada y atado con alambre. El cadáver fue a la morgue como NN. En el cráneo había rastros de haber muerto de un disparo. Su nombre era Maciel Amantino Wagner, un brasileño de 45 años que estaba prófugo desde 2014 en Ciudad del Este, Paraguay, y que había sido un miembro importante de la organización brasileña Primer Comando Capital (PCC).
En la fiscalía de Rosario se enteraron de quién se trataba porque inesperadamente llegaron a Rosario familiares del fallecido. Nadie sabía cómo se habían enterado. Los parientes del hombre asesinado dijeron que Wagner había arribado hacía pocos días a Rosario para realizar inversiones inmobiliarias. ¿Qué hacía en Rosario un prófugo vinculado a una de las organizaciones narcocriminales más importantes de América del Sur?
En agosto de 2014, la policía paraguaya difundió fotos y un listado de diez nombres de miembros del PCC que habían financiado y planeado un robo espectacular a la bóveda de la empresa Prosegur en Ciudad del Este.
Wagner, conocido como Juninho, junto a otros integrantes de la organización que nació en San Pablo en 1993 en la prisión de Piranhao, en San Pablo, planificó el robo a través de un túnel de más de 350 metros, desde la casa de un abogado, que terminaba en la bóveda de Prosegur, donde estaban guardados en ese momento US$ 100.000.000.
El líder de este grupo era José Francisco da Silva, quien alquiló la casa donde se inició el túnel el 12 de noviembre del 2013. Los diez miembros del grupo nunca fueron atrapados, aunque la policía paraguaya descubrió el plan para ingresar en la empresa a través del túnel que construyeron durante más de ocho meses.
El golpe a Prosegur en 2014 terminó en un fracaso. Pero en abril de 2017 un comando del PCC logró concretarlo en un asalto fulminante a la sede de la empresa en Ciudad del Este, donde tras un espectacular ataque con explosivos y armas largas los ladrones lograron llevarse unos US$ 8.000.000.
El hallazgo del cadáver de Wagner sigue siendo un misterio. Nadie sabe si la poderosa organización PCC pretendía tener una base en la zona portuaria. Hoy este grupo criminal, que domina las 12 cárceles de Paraguay, instrumentó un punto logístico de exportación de cocaína en la hidrovía. Esta estrategia se cristalizó a partir de la pandemia, cuando cambiaron las rutas de salida de la cocaína de Sudamérica.
Esta ingeniería del crimen organizado encendió todas las alertas entre los países de la región, donde PCC está en plena etapa de expansión. Este problema se abordó por primera vez en una reunión protocolar de ministros del Interior y Seguridad del Mercosur en 2022, que se realizó en Asunción. La preocupación estaba enfocada en que las principales rutas del narcotráfico se muden al sur del continente, después de ser Colombia y México los países donde se concentraba este negocio ilegal y sangriento que provocó un desastre.
El jefe de los fiscales Antidrogas de Paraguay Marcos Alcaraz explicó que “la hidrovía se transformó en un nodo logístico en 2020 durante la pandemia, luego de que el puerto de Santos, en Brasil, reforzara los controles con escáner en los contenedores que salían rumbo a Europa y África”. “El principal problema que se enfrenta es que no hay controles en la hidrovía, por lo que estamos haciendo todo más fácil a los grupos criminales”, advirtió el funcionario.
“Eso logró que el crimen organizado replanteara la forma en que sale la cocaína. Se empezó a usar la vieja ruta de la marihuana, que se usa para suministrar de cannabis a Argentina y a Uruguay, para sacar la cocaína, que llega al Chaco paraguayo a través de avionetas”, apuntó Alcaraz.
PCC funciona hoy como una especie de multinacional del crimen. No sólo domina territorio y cárceles sino que además vende la logística, uno de los eslabones que más surten dinero en el narcotráfico. Para ello tejió alianzas estratégicas, con empresas y con sectores de la mafia europea, como la Corza y la Ndrangheta, y la banda Tren de Aragua, el grupo criminal que también se expande en países, como Chile, Perú y Ecuador.
Allan de Abreu, periodista de investigación de la revista Piauí, señaló que “la vía fluvial es ampliamente utilizada para transportar cocaína boliviana y peruana a Uruguay, y de allí a Europa. Grandes narcotraficantes brasileños, como Luiz Carlos da Rocha, Cabeça Branca, utilizaban con frecuencia esta ruta, además de otros, como el paraguayo Fernando Ricardo Arguello Invernizzi, radicado en San Pablo. Dada la fuerte presencia del PCC en Paraguay, la hidrovía empezó a ser utilizada como una ruta clave”.
Frente a esto, los que investigan desde el Estado están en otra órbita. Por ejemplo, cada exhorto o pedido que hace un fiscal argentino a uno de sus pares de la región debe pasar por la Cancillería. Cada trámite tarda un mes, en promedio. Los fiscales mantienen contacto a través de grupos de Whatsapp, pero la información que intercambian no sirve como prueba.
En la reunión de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), realizada en 2022 en La Paz, los miembros de la organización advirtieron sobre el peligro de que la hidrovía Paraguay-Paraná se transforme, especialmente durante la pandemia, “en una nueva vía para el tráfico de drogas”. Pidieron además extremar los controles aéreos a Bolivia, de donde proviene la droga.
El organismo internacional alertó por primera vez sobre una “rearticulación” del tráfico de cocaína en Sudamérica a través de la hidrovía, al indicar que Paraguay se convirtió en una zona de acopio de esta droga, que se produce en Perú y Bolivia, y que desde los puertos guaraníes tiene salida hacia África y Europa.
El fiscal Ysaac Ferreira, de la unidad Antidrogas, que investigó varios casos de contrabando de drogas en la hidrovía reconoció que una de los puntos más débiles es la falta de escáneres en los puertos privados. En Paraguay hay sólo tres escáneres para control de cargas, lo cual, según el funcionario, hace imposible inspeccionar los contenedores.
Más allá de los controles también la lupa se pone en las terminales de donde salieron las cargas, como Terport, que es una nueva terminal que se construyó en 2018. El senador paraguayo Pedro Santa Cruz también apuntó contra la empresa Gregser– PTP Warrant, a la que el expresidente Horacio Cartes –según él- le dio la concesión por 20 años.
“La concesión fue aprobada y según fuentes oficiales el canon que debía pagar PTP Group era de U$S 5000 al año, un verdadero despropósito para un terminal tan importante”, resumió. PTP Group enfrentó una investigación en Paraguay, pero fuentes de la empresa señalaron a LA NACON que este año fue cerrada. “No se encontró nada. En su mayoría PTP Group traslada fertilizantes hacia Paraguay, por lo que hacemos el tráfico inverso”, apuntaron.
Esta firma de capitales argentinos tiene varias terminales a lo largo de la hidrovía. No sólo maneja una importante terminal en el puerto de Villeta, sino también la zona franca de Villa Constitución, en Santa Fe, y en el departamento Soriano, Uruguay, donde adquirió un predio de 266 hectáreas en Punta Arenal. También en el norte de la hidrovía en puerto Murtinho, localidad brasileña de Mato Grosso do Sul ubicada a la vera del río Paraguay, a 1400 kilómetros de Santos.
En 2016, la diputada Elisa Carrió denunció ante la Justicia una denuncia contra los empresarios Lucas Ganceraín y Guillermo Misiano, acusados de cometer delitos de contrabando y evasión, pero la causa tampoco prosperó. Ganceraín fue un hombre cercano a Aníbal Fernández en la función pública.
En Ibarlucea, a 10 kilómetros de San Lorenzo, se detectó que funcionaba una zona de acopio de grandes cantidades de cocaína, que regenteaban engranajes que continuaron la tarea del clan Loza, cuyos jefes están detenidos. El proveedor de la cocaína era Jorge Adalid Granier Ruiz, de nacionalidad boliviana, quien fue detenido en 2023 cerca de San Pablo, a través de una pata local era Fabián Pelozo, que ejercía como lugarteniente, y había montado pistas de aterrizaje en campos agropecuarios cercanos, como en Monte Maíz, en el límite entre Santa Fe y Córdoba.
Granier Ruiz, según información suministrada por la DEA a la justicia argentina, fue quien alojó en su departamento en Buenos Aires a Fuminho, sobrenombre que usa Gilberto Aparecido Dos Santos, una figurita difícil de detener del Primer Comando Capital. Fue detenido por la Policía Federal de Brasil y la DEA en un lujoso hotel de Mozambique el 13 de abril de 2020. Durante los últimos años se había convertido en uno de los líderes más fuertes de PCC. Fuminho ingresó dos veces a la Argentina desde Bolivia en abril y junio de 2016 y vivía en un departamento en la Ciudad de Buenos Aires. Granier Ruiz está sospechado de manejar la llegada de la cocaína desde Bolivia y Paraguay a la zona del Gran Rosario.
Es la primera vez que se encuentran nexos directos entre bandas narco que funcionan en la Argentina con el Primer Comando Capital. Hasta ahora habían aparecido lo que las autoridades denominaban “lobos solitarios”. Sin embargo, los indicios eran cada vez más firmes de que esta organización internacional, con base en Paraguay y Bolivia, fuera de Brasil- había hecho pie en el país, a través de alianzas con otras bandas.
En 2022 reaparecieron los colombianos como gestores de tráfico de cocaína desde Rosario. Aunque no haya detenciones ni secuestros importantes de droga siempre queda pendiente el misterio de la zona del Gran Rosario es un enclave importante para la salida de la droga.
En diciembre de ese año un engranaje clave cometió un descuido. O fue por la ambición de cobrar un negocio que se moldeaba desde hacía meses. Gabriel Jaime Londoño Rojas fue detenido en diciembre de 2022 en el aeropuerto de Abu Dhabi, cuando pretendía ingresar a ese país de los Emiratos Árabes, una región que iba a ser el destino de unos 3000 kg de cocaína que una parte fue secuestrada en Rosario y otra salió por el puerto de esta ciudad.
Según fuentes de Interpol en Argentina, Londoño Rojas era uno de los tres integrantes de un cartel colombiano que estuvieron supervisando en Rosario la salida de estos cargamentos de cocaína que tenían como destino final Dubai. Los investigadores de la Policía Federal Argentina consideran que la droga servía de provisión para esa región del Golfo Pérsico donde se realizó la Copa del Mundo, donde el precio de la cocaína era entre cinco y ocho veces más que en Europa.
Londoño Rojas tenía pedido de captura internacional pero la cédula roja, como se denomina técnicamente a esa instancia judicial, no figuraba en la web de Interpol, por lo que los investigadores deducen que posiblemente este colombiano de 55 años haya creído cuando voló desde Bogotá a Abu Dhabi que nadie lo buscaba.
Londoño Rojas es uno de los tres colombianos que coordinaron el envío de 1.658 kilogramos de cocaína desde Rosario a Dubai, pero antes de que se concretara el despacho de la droga por el puerto de Rosario el cargamento fue secuestrado en un galpón en el barrio Empalme Graneros de Rosario. Se sospechaba que otro cargamento similar, que salió de la terminal rosarina y fue secuestrada en los puertos de Santos y Rotterdam tenía el mismo destino y pertenecía a la misma organización internacional.
Un día antes de que la Policía Federal incautara uno de los cargamentos más grandes de la historia en Rosario llegó a la ciudad el embajador de Estados Unidos Mark Stanley, en un plan de visita protocolar, que incluyó degustación de alfajores de la zona y varias selfies. Si fue una casualidad o no nadie lo sabe, pero desde hace tiempo la DEA puso el ojo en la zona. La información inicial para comenzar esta investigación que terminó con la incautación de la droga comenzó semanas antes en la oficina de la DEA en Bogotá.
La agencia norteamericana pretendía trabajar de manera directa en Rosario, a partir de algunos vínculos con agentes que se habían capacitado en Estados Unidos, como el exjefe de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) Maximiiano Bertolotti, pero la falta de respaldo del gobierno de Santa Fe y la desconfianza en la policía llevaron a que pensaran asentarse en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
Entre el 21 de junio y el 31 de agosto de ese año estuvieron escondidos en Rosario 3.092 kilos de cocaína, un cargamento que cambiaba su lugar de escondite, a la espera de una salida a Europa desde el puerto de Rosario. Ese cargamento fantasma, que muy pocos sabían que se embarcaría por Terminal Puerto Rosario tenía dueño: los colombianos Jaime Londoño Rojas y Álvaro Ramírez Duque. Ambos están sospechados de ser engranajes claves de un cartel trasnacional que había puesto el ojo en este punto de la hidrovía para sacar la droga hacia el viejo continente.
En la Argentina Londoño Rojas y Ramírez Duque eran dos fantasmas, pero se sospecha que estuvieron en la provincia de Santa Fe para generar la operación de tráfico de droga más grande de la historia. La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Aduana tienen fuertes sospechas de que los dos cargamentos eran de los mismos dueños.
La droga estaba embalada de una manera particular, en bolsos plásticos con cinta y nylon negro y los panes de cocaína tenían un logo o etiqueta que se repetía en las dos cargas: Louis Vuitton, la marca que productos de moda que se fundó en 1854 en París.
El 22 de junio se hizo la primera reunión cumbre entre los narcos que pretendían “exportar” 1658 kg de cocaína desde el puerto de Rosario. Al selecto encuentro no concurrieron ninguno de los protagonistas de las crónicas de la mafia rosarina, tan proclive a llamar la atención con balas y sangre. Este fue un cónclave de gerentes internacionales y sus delegados en la provincia de Buenos Aires de una empresa narco que movía más de 100 millones de dólares.
El encuentro entre varios miembros del cartel se hizo en el country Aguadas, en la localidad de Funes, un lugar selecto en el que viven funcionarios políticos, judiciales y empresarios importantes de la ciudad, que nada sabían de que sus vecinos estaban preparando uno de los contrabandos de cocaína más grandes de la historia.
En Aguadas había alquilado de forma temporaria una casa en el lote 183, según la causa judicial que está en el juzgado federal de Campana, Marco Páez, un bonaerense que había convocado Gabriel Nicolau, un narco del conurbano que era junto con José “Tano” Sofía, un veterano protagonista oriundo de Haedo, los encargados del cargamento en Rosario, cuyos dueños eran los colombianos Newson Cheung Sabogal y Londoño Rojas.
Esa mañana del 22 de junio en la reunión en Aguadas estaba el representante del cartel internacional Antonio Ramírez Duque, otro colombiano, que seguía de cerca la operación y controlaba a los argentinos. Duque había llegado a Buenos Aires dos días antes y quien lo llevó hasta Rosario en su camioneta VW Amarok fue Nicolau. La reunión, según las tareas de inteligencia que constan en la causa, duró una hora. Las cuestiones importantes se definen sin demasiada charla.
Duque regresó a Buenos Aires y se fue a España, pero un mes después volvió a la Argentina, y viajó a otra reunión en Funes. Esta vez el encuentro no se hizo en el country Aguadas, sino en una casaquinta con pileta en calle Tandil al 2400, otra propiedad que habían alquilado de forma temporaria. Una característica que aflora en esta organización es el bajo perfil que pretendían imponer a las gestiones los representantes de este cartel. Por ejemplo, no se alojaban en hoteles, sino que preferían alquilar inmuebles de manera temporaria fuera de Rosario, donde los registros son menos rigurosos. Nicolau dormía en un complejo de cabañas en Victoria, Entre Ríos.
Al otro día, el 25 de julio, Duque y Nicolau fueron en la camioneta Amarok hasta un galpón en Juan B. Justo 2885, una zona modesta de barrio Empalme Graneros. Allí vive Ramón V., un hombre que se dedica a la herrería, y es quien habría preparado los dos lugares donde se acopió la cocaína, uno muy cerca de su casa, en Génova al 2400 y otro en la zona sur, a pocas cuadras del puerto, en Cerrito 17.
La hidrovía Paraná-Paraguay se transformó en medio de la pandemia en un punto de salida de la cocaína que consume Europa y Asia. Si la droga llega a destino se multiplica entre cinco y diez veces su valor. Desde las terminales de Paraguay salieron durante los últimos dos años unas 40 toneladas de cocaína, que se secuestraron en Rotterdam y Amberes, Bélgica.
Londoño Rojas y Ramírez Duque aparecen como los enlaces de la organización. El paradero de estos colombianos era un misterio hasta que Londoño Rojas fue detenido este miércoles e Abu Dhabi. En Rosario atraparon a los eslabones locales de escaso poder dentro de la estructura, como tres camioneros y un supervisor de la empresa. Están acusados de ser los responsables de introducir la droga dentro del puerto. En el otro cargamento secuestrado de 1658 kg fueron detenidos miembros de lo que podría ser la pata argentina de la banda, entre los que figuran José Sofía y Gabriel Nicolau, ambos oriundos de la provincia de Buenos Aires, que fueron indagados por el juez Adrián González Charvay.
Los embarques de cocaína que se secuestraron en Santos (568 kg) y Rotterdam (866kg) salieron de la terminal rosarina. Se usó para introducir la droga el sistema rip-on, en la que se cambian los precintos de los contenedores tras cargarse la cocaína.
El primer embarque de maní llegó a Rosario el 21 de junio proveniente de General Deheza, Córdoba. En esa provincia esa mercadería se cargó en seis contenedores y el 28 de junio se subieron en TPR al buque Maersk Bermuda, que tenía como destino intermedio el puerto de Santos, en Brasil, y su punto de llegada a los Países Bajos. El barco hizo una escala antes en la terminal de Zárate.
En Santos fueron detectados 568 kilos de cocaína dentro de bolsos. La investigación apunta a que la cocaína fue cargada en los big bags de maní que estaban en los contenedores en Terminal Puerto Rosario. Lo que se sospecha es que se usó la metodología rip on. Es cuando se cambian los precintos de los contenedores y se introduce la droga. La cocaína se habría cargado dentro del contenedor después de que pasó por el escáner de la Aduana, que inspeccionó la mercadería en origen, es decir, en General Deheza.
Según las filmaciones aportadas por le empresa portuaria, que cotejaron los investigadores, el 24 de junio, tres días después de que el contenedor llegara a la terminal, ingresaron tres camiones a la zona portuaria de la empresa que se dirigieron hacia el lugar donde estaba la carga de maní. Entre las 22.48 y las 22.52 inexplicablemente se interrumpió la filmación de las cámaras de seguridad. Cuando se reanudó la filmación uno de los camiones estaba en el portón de ingreso de TPR. Se presume que en ese momento se produjo la “contaminación” del contenedor.
El 31 de agosto llegó una denuncia anónima a la Aduana en la que señalaba que en otros dos contenedores habrían salido de Terminal Puerto Rosario 866 kilos de cocaína con destino a Rotterdam, donde se secuestraron unos 361 kilos primero y luego otros 505 kg.
Los investigadores le pidieron información sobre los ingresos y egresos a la empresa portuaria, que los entregó parcialmente. Esa droga fue cargada, de acuerdo a la investigación, en Rosario el 25 de junio, en momentos en que también estaba el otro cargamento que fue secuestrado en Santos.
El 29 de junio el contenedor donde se cargó la cocaína tuvo un movimiento dentro del puerto que no está registrado por la compañía. El contenedor con la droga fue embarcado el 3 de julio en el buque Argentina C. A través de las fotografías de los precintos quedó en claro que también había sido abierto después de los controles, y en ese momento lo contaminaron con la carga de cocaína.
